Buena noticia para ciudadanos: Importante servicio gratuito que beneficiaría a muchos

El estado colombiano utiliza diferentes alternativas para garantizar el derecho fundamental para todos los ciudadanos de obtener el acceso a la justicia, esto sin importar la condición social, económica o cultural.

Estas alternativas están diseñadas para ofrecer asesoría legal a los ciudadanos que lo requieran, con el fin de respetar el derecho a la defensa y el derecho a un abogado gratuito, como la figura del abogado de oficio o la acción de beneficio de pobreza.

Un abogado de oficio es aquel que presta sus servicios profesionales de forma gratuita para aquellas personas que no cuenten con la capacidad económica para contratar un abogado privado. Esto se conoce también como asistencia jurídica gratuita, la cual es derecho humano fundamental.

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La acción de beneficio de pobreza es un mecanismo legal mediante el cual los ciudadanos pueden solicitar al juez su exoneración del pago de los gastos de un proceso judicial, como costas procesales, honorarios de auxiliares de la justicia y otros gastos.

Los ciudadanos que no cuenten con los recursos económicos y requieran acceder a la defensa de sus derechos, pueden acceder a una representación legal dirigiéndose a la Defensoría del Pueblo. Allí recibirán asesoría para que puedan ejercer su derecho a la defensa.

Esto de acuerdo a la Ley 941 de 2005, la cual establece que las Defensorías Regionales Seccionales o personeros municipales deben asignar a un abogado para representar legalmente a aquellas personas que lo requieran.

Cabe resaltar que para acceder a este tipo de beneficios se debe cumplir con ciertos requisitos

• Ser colombiano o extranjero residente en Colombia.

• No contar con los recursos económicos suficientes para acceder a la defensa de sus derechos.

• Tener un problema o conflicto que afecte sus derechos.

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Finalmente, los consultorios jurídicos de las universidades también están en capacidad de garantizar el derecho fundamental y el acceso a la justicia, los cuales funcionan bajo la Ley 583 de 2000.