Pabellones de Corferias fueron adaptados para recibir a pacientes COVID.
La Contraloría de Bogotá advierte que hubo un detrimento patrimonial de cerca de 4.000 millones de pesos.
Atendiendo a un derecho de petición interpuesto por la concejala Heidy Sanchez, la Contraloría de Bogotá respondió que hubo presuntas irregularidades en la administración del Hospital Temporal de Corferias en el segundo pico de la pandemia, cuando fue habilitado ante la alta ocupación UCI en la capital por pacientes contagiados por el virus covid-19.
Según la entidad, hubo un detrimento patrimonial cercano a los 3.941 millones de pesos mientras el centro hospitalario estuvo en funcionamiento en aquel entonces. "Durante el tiempo de ejecución del contrato se habilitaron 274 camas, de un total de 2.000 cubículos habilitados, es decir, se usó el 13,7 por ciento de la capacidad instalada", dijo al respecto Sánchez.
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Entre otros detalles que entregó el ente de control como respuesta a la solicitud de la funcionaria, aparece que durante el funcionamiento del hospital transitorio se atendieron 515 pacientes, con una apropiación de cerca de 20 mil millones de pesos, lo que traduciría que cada paciente le costó al Distrito cerca de 39 millones de pesos.
El documento de la Contraloría señaló que "la supervisión del contrato no promovió requerimientos conducentes a ejecutar acciones para evitar continuar incurriendo en costos que no se justificaban frente a la demanda de pacientes en el CHT Corferias y salvaguardar los recursos públicos del contrato, así mismo, la debilidad en la elaboración y argumentación de los estudios previos, causaron detrimento patrimonial en cuantía de $3.941.691.894, por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente”.
Cabe señalar que desde la Administración Distrital se autorizaron los recursos por la suma de 5 mil millones de pesos para convertir al centro de convenciones en un centro de atención hospitalaria.
A la respuesta de la auditoría por la Contraloría, la concejala Sánchez solicitó a la Personería de Bogotá y a la Procuraduría General de la Nación que investiguen las presuntas irregularidades en el contrato.
