Claudia López soltó la lengua ante la Corte Suprema por supuestos contratos

La exalcaldesa de Bogotá Claudia López rindió su testimonio ante la magistrada Cristina Lombana de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Lo anterior, por unas denuncias contra congresistas que se habrían beneficiado de aparentes irregularidades en contratos del Distrito de Bogotá. 

El caso corresponde a una denuncia de exconcejales de la capital, quienes alegaron que los congresistas habrían recibido dinero para beneficiarse en la carrera al Congreso de 2022, por lo que la exalcaldesa compareció como testigo ante la corte. 

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La diligencia empezó en la mañana de este martes y luego de dos horas de testimonio, López salió por la puerta trasera de la Sala de Instrucción. 

Según se conoce, las denuncias serían de Luis Carlos Leal, superintendente de Salud y Diego Cancino, viceministro del Interior, quienes denunciaron las presuntas inconsistencias durante la administración de Claudia López. 

La exmandataria también tiene pendiente un proceso en la Fiscalía en el que fue interrogada dentro de la investigación que se sigue por las denuncias sobre supuestos pagos ilícitos durante el proceso de contratación de la primera línea del metro de Bogotá y que involucraría recursos por más de 12.000 millones de pesos.

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Esta diligencia fue coordinada por el despacho del fiscal 12 delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Víctor Andrés Salcedo, pues el interrogatorio hace parte de las labores judiciales que adelanta la Fiscalía, con el fin de determinar si se cometió o no un delito por acción u omisión por parte de la exalcaldesa de Bogotá.

En este caso se indaga si se habría presentado una presunta financiación irregular de la campaña de su esposa, la  senadora Angélica Lozano.

Como parte de los actos urgentes de investigación, el fiscal del caso avanza en una verificación de los hechos denunciados y lleva a cabo toda una serie de diligencias, como una inspección técnica de documentos y una ampliación de la denuncia, además de la respectiva toma de entrevistas y testimonios para determinar posibles actos de corrupción que puedan afectar a la administración pública que pongan en riesgo los recursos del erario.