Contraloría pone la 'lupa' en el contrato de cementerios por posible pérdida de recursos
La Contraloría de Bogotá intensificó su vigilancia sobre el contrato de concesión de los cementerios distritales debido a sospechas de posible pérdida de recursos públicos.
Actualmente se lleva a cabo un juicio de responsabilidad fiscal relacionado con este asunto. El organismo de control realizó una visita administrativa a los cementerios bajo la supervisión de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) como parte de una Actuación Especial de Fiscalización. Esta actividad está enfocada en el contrato 421 - 2021, suscrito entre la UAESP y el concesionario Jardines Luz y Paz S.A.S., así como en el contrato 508 de interventoría firmado con el Consorcio San Marcos.
El contrato con Jardines Luz y Paz, que fue firmado en 2021 por un período de cinco años, contempla el mantenimiento y operación de los cementerios del norte, sur, central y el parque Serafín, por un monto superior a los $41.000 millones.
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“Para la Contraloría de Bogotá, es muy importante la ciudadanía, por eso hoy nos encontramos visitando los cuatro cementerios distritales verificando el real funcionamiento y que se cumplan los términos establecidos del contrato", destacó Jaime René Barajas García, director de Servicios Públicos de la Contraloría.
La Actuación Especial de Fiscalización, que comenzó el 2 de septiembre y se extenderá hasta el 5 de noviembre, tiene como objetivo revisar y auditar todas las actividades realizadas en el marco del contrato, con especial atención a las actuaciones fiscales desde mayo de 2023 hasta agosto del mismo año.
La Contraloría buscará asegurar que estas actividades se ajusten a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad.
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Además de la fiscalización, se está adelantando un Proceso de Responsabilidad Fiscal por un monto estimado de $3.400 millones, relacionado con el contrato de concesión para la operación de los cementerios.
Este proceso podría resultar en sanciones económicas y administrativas si se determina que hubo irregularidades en la gestión de los recursos.
La Contraloría de Bogotá concluyó que va a seguir vigilando los contratos que manejan recursos públicos, asegurando que se cumplan los estándares de calidad y eficiencia esperados por la comunidad. Las próximas semanas serán clave para determinar el alcance de las irregularidades y las posibles responsabilidades de los implicados.