Estudiantes de la Universidad Autónoma en Bogotá inician huelga de hambre
Estudiantes de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia, sede Bogotá, se declararon en huelga de hambre para exigirle al Gobierno Nacional que busque soluciones a la crisis educativa por la que está pasando la institución, desde hace varios meses.
Los jóvenes piden al Ministerio de Educación la aplicación de la medida de vigilancia especial, contemplada en el numeral cuarto, artículo 13 de la Ley 1740 del 2014.
La norma señala que "en caso de que uno o varios de los consejeros, directivos, representantes legales, administradores o revisores fiscales no cumplan, impidan o dificulten la implementación de las medidas u órdenes adoptadas por el Ministerio de Educación Nacional durante la vigilancia especial, u oculten o alteren información, podrán ser reemplazados hasta por el término de un (1) año, prorrogable por una sola vez, por la persona natural o jurídica que designe el Ministerio de Educación Nacional".
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Los estudiantes se suman así la la huelga que ya adelantan profesores y administrativos de la Autónoma, quienes entraron el pasado 20 de mayo en paro indefinido por el no pago de salarios y de salud.
“Decido iniciar esta huelga de hambre junto con mi compañero para dar a conocer la mala administración de esta universidad, que ha llevado a una profunda crisis y la mala gestión del Ministerio de Educación", dijo David Sanabria, estudiante de derecho.
El joven agregó que "levantaremos la huelga siempre y cuando se haga la remoción completa hasta por un año de los administrativos, como lo dice la ley. Aquí vamos a estar resistiendo".
Por su parte Carlos Torres, también estudiante de la Universidad, señaló que “pagué mi semestre y encuentro mi universidad cerrada. Yo no pago por una universidad cerrada sino para que me den clases y garantías de estudio, por eso me uno a la protesta”.
A principios de este mes, el Ministerio de Educación nombró a un inspector para hacer seguimiento permanente a las acciones que adelanten los directivos, para garantizar a estudiantes, padres de familia y comunidad en general la prestación adecuada del servicio.