Legalizan la captura de los tres sujetos implicados en la muerte del capitán de la Policía en Soacha
La juez sexta Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Soacha (Cundinamarca), declaró legal las capturas de Jesús Antonio Castillo Londoño y de los hermanos Michaell Esteban y Juan Sebastián Vélez Meza, presuntos responsables del homicidio del capitán de la Policía, Jesús Alberto Solano Beltrán, ocurrido el pasado 28 de abril.
Además legalizó los allanamientos en los que se encontró el arma de fuego que le fue hurtada a la víctima.
El delegado de la Fiscalía explicó, además, cómo se desarrollaron esos procedimientos.
“Se logra verificar el día de ayer por medio de una fuente no formal que en la dirección anteriormente señalada reside el ciudadano Michael Vélez Meza y que de igual forma, se pudieron hallar elementos materiales probatorios de gran importancia para la investigación cómo lo es un arma de fuego, tipo pistola 9 milímetros la cual fue hurtada a la víctima al momento de los hechos”.
Agregó que también se encontró “munición y ropa la cual pueda tener material biológico o fluidos, en este caso sangre de la víctima de estos hechos”.
También se conoció que el juzgado primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Soacha, expidió las ordenes de captura contra los tres sujetos el pasado 5 de mayo por los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego.
Explicó el Fiscal del caso, que en la noche del miércoles 28 de abril aproximadamente a las 7 de la noche, tres unidades de la Sijin Cundinamarca acudieron a verificar unos daños ocurridos en la sede de la Fiscalía General de la Nación y estando en ese lugar, les informaron que se estaban registrando actos vandálicos en el cajero automático de Bancolombia, ubicado en la calle 15 con autopista Sur de Soacha – Cundinamarca.
“Al acudir al sitio el capitán de la Policía Jesús Alberto Solano, jefe de la Sijin de Soacha, saca su teléfono celular y comienza a grabar o documentar los sucesos, cuando es descubierto por uno de los vándalos, que comienza a alborotar a la multitud en contra de los uniformados y a la vez, le lanzan piedras y palos, les decían que eran unos sapos, policías infiltrados para lo cual los tres policías huyen del sitio pero son perseguidos por la muchedumbre que les arrojan toda clase de objetos”.
Continuó explicando lo que ocurrió la noche en la que fue herido de gravedad la víctima “en ese instante se separa el capitán Solano de sus compañeros y corre hasta el barrio El Sol, aproximadamente unos 900 metros hasta llegar a la calle 22 con carrera primera, frente a una panadería con razón social Real California, en donde es abordado (capitán Solano), golpeado por varias personas las cuales le propinan siete heridas con arma blanca y múltiples golpes y le hurtan su arma de dotación, su radio, dos teléfonos celulares, uno de propiedad del señor Capitán y otro de la Institución de la Policía Nacional, al igual que documentos y dinero que tenía en su billetera”.
Mientras tanto, los tres abogados de la defensa señalaron que hubo fallas en los procedimientos de capturas además, porque consideran que no tienen fundamentos para adelantar los procedimientos de capturas.
Según indicó el abogado Alirio Uribe, defensor de Michael Vélez, tenía en su poder cartuchos de fusil porque fue soldado del Ejército Nacional, donde recientemente prestó su servicio militar.
Además, señaló que las prendas de vestir que tenían sangre se relacionan directamente con las heridas que había recibido Vélez, durante las manifestaciones.
Dijo también que al padre de Michael Vélez, no le permitieron manifestar su inconformismo con los allanamientos y que ello, fue ilegal.
Dijo también que tanto el Fiscal General Francisco Barbosa y el ministro de Defensa, Diego Molano, aseguraron ante los medios de documentos que durante los allanamientos habían encontrado los documentos del capitán Solano (víctima) y eso, no fue así asegurando que le mintieron al país.
Finalmente, aseguró que no se les garantizó el derecho al debido proceso.