Millonaria sanción a Fusagasugá: Ciudadanos les tocará pagar plata extra
La investigación reveló que la Alcaldía de ese municipio otorgó ventajas indebidas en ocho procesos de contratación.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso sanciones por $2.145 millones a la Alcaldía de Fusagasugá, al Equipo Cooperativo Multiproyectos Proyecoop C.T.A, L&M Servicios y Suministros S.A.S, Fundación Ttobías y a ocho personas naturales, incluidos funcionarios de la Alcaldía, por prácticas anticompetitivas en la adjudicación de contratos para el Plan de Alimentación Escolar (PAE).
La decisión se adoptó mediante la Resolución No. 12824 de 2025. Según la investigación de la SIC, la Alcaldía de Fusagasugá, influenciada por las entidades y personas sancionadas, otorgó ventajas indebidas en ocho procesos de contratación para la ejecución del PAE. La Superintendencia concluyó que los pliegos de condiciones incluían requisitos técnicos que restringían la participación de nuevos competidores y beneficiaban directamente a los sancionados.
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Entre las condiciones restrictivas identificadas, la SIC destacó que los pliegos exigían que los proponentes acreditaran la propiedad o arrendamiento de una bodega de almacenamiento con cuarto frío y concepto sanitario favorable con una fecha de expedición no mayor a 60 días antes de la presentación de la propuesta.
También se requería que los proponentes presentaran las hojas de vida, certificaciones sanitarias y exámenes médicos específicos del personal que ejecutaría el programa. La SIC señaló que estos requisitos eran "irrazonables y desproporcionados", configurando una barrera injustificada para otros posibles oferentes.
Además, la investigación evidenció que en cuatro de los procesos analizados, la Alcaldía fijó el valor estimado del contrato con base en cotizaciones enviadas por Proyecoop y L&M, lo que permitió a estas empresas estructurar sus propuestas con conocimiento previo del presupuesto.
Según la SIC, esto demostró que la Alcaldía "obró buscando la satisfacción de un interés particular, en contravía de la garantía de pluralidad de oferentes en los procesos de contratación".
La Superintendencia también comprobó que Proyecoop, L&M y la Fundación Ttobías mantuvieron comunicación constante con funcionarios de la Alcaldía mediante reuniones, llamadas y correos electrónicos. Las pruebas revelaron que las empresas sancionadas tuvieron acceso privilegiado a los pliegos de condiciones y estudios previos de algunos procesos antes de que fueran públicos.
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"La decisión reafirma el compromiso de la Superintendencia con la protección de las dinámicas competitivas en la contratación estatal, especialmente en programas de vital importancia como el PAE", indicó la entidad en un comunicado.
