Pilas con caer en la 'paloterapia': Pegarle a un delincuente le puede dar cárcel
En Bogotá, el fenómeno de la justicia por mano propia ha emergido como una alarmante manifestación de la creciente desconfianza de la ciudadanía hacia las autoridades y el sistema judicial. Esta tendencia, que algunos defienden como una respuesta legítima a la inseguridad, presenta desafíos significativos tanto legales como éticos.
Un incidente reciente ilustra esta preocupante tendencia: la semana pasada, un automóvil de alta gama atropelló a dos hombres que habían robado poco antes. Uno de los delincuentes murió en el acto, mientras que el otro, herido gravemente, logró escapar. Este suceso se suma a otros casos en los que la comunidad ha tomado la justicia en sus propias manos, como ocurrió en San Andresito de la 38, donde una turba linchó a una pareja de ladrones, resultando en la muerte de uno de ellos. Otros episodios similares han tenido lugar en Timiza y Kennedy, donde se capturó a ladrones de autos, se les desnudó y se quemó su ropa, y en Antonio Nariño, donde un hombre fue desnudado, golpeado y amarrado a un poste de energía.
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Estos actos, que los participantes justifican por la desconfianza en la Policía y el sistema judicial, son considerados ilegales desde la perspectiva del derecho. Alejandro Benavides, secretario general de la Universidad Manuela Beltrán y experto en Derecho, Ciencia Política y Criminología, aclara que el sistema jurídico colombiano no reconoce la justicia por mano propia. En realidad, estas acciones constituyen delitos, ya que solo el Estado tiene la autoridad para usar la fuerza y administrar justicia.
Benavides señala que la justicia por mano propia ocurre cuando la comunidad castiga a presuntos delincuentes sin la intervención de las autoridades. Aunque la ley colombiana contempla conceptos como el ‘estado de necesidad’ y la ‘legítima defensa’, estos están sujetos a requisitos estrictos para ser considerados válidos. Por ejemplo, la legítima defensa solo se aplica cuando una persona actúa para proteger su vida o la de otros frente a un peligro inmediato, y la respuesta debe ser proporcional al riesgo enfrentado.
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El incumplimiento de estos criterios puede llevar a que quienes practican la justicia por mano propia enfrenten consecuencias legales por delitos como lesiones personales, tentativa de homicidio o homicidio. Benavides advierte que estas acciones no solo infringen la ley, sino que también evidencian un problema más profundo: la inclinación hacia la violencia como solución a la inseguridad.
El fenómeno también revela una dimensión psicológica, mostrando cómo el comportamiento violento surge en respuesta a situaciones de riesgo. Esta tendencia a tomar la justicia en propias manos no solo exacerba la inseguridad, sino que también pone en evidencia la incapacidad del Estado para mantener el orden y proteger los derechos de todos los ciudadanos.