El crimen también se transformó después de la pandemia, ¿Aumentó?

Pese a que el mundo ya no vive bajo alerta inminente a causa del virus covid-19 (como sucedía hace un año), seguir abordando los conflictos que se vivieron durante esta época es de vital importancia para entender el impacto de las implicaciones que tuvieron las sociedades a partir de las transformaciones que impuso la pandemia. 

Aunque el mundo pareció detenerse por los dos intensos años que duró el virus en una propagación alarmante y dejando miles de muertes a su paso, para el crimen no hubo pausa, aunque sí cambios. 

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De acuerdo con el más reciente informe de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, de 2020 a 2021 aumentó en un 435% las denuncias relacionadas con el ransomware, una modalidad de ciberdelito que incluye el acceso indebido a un sistema o dato informático, así como la alteración de datos informáticos combinada con la extorsión, dejando en evidencia las alternativas que surgieron -o se intensificaron- durante la pandemia. 

Estos números evidencian que delitos como la la ciberdelincuencia tuvieron un incremento significativo en la pandemia. “Desde la COMJIB promovemos un mayor conocimiento en la ciudadanía y en los operadores judiciales sobre la magnitud de estos delitos, a la vez que lideramos una respuesta coordinada entre los países de la región iberoamericana para frenar este tipo de criminalidad organizada que se aceleró a causa de la pandemia”, indica Enrique Gil Botero, Secretario General de la COMJIB.

Además de la ciberdelincuencia, revela el informe que la corrupción y los crímenes medioambientales también tuvieron modificaciones en su modus operandi, pues "en cuanto a corrupción, en Ecuador hubo perjuicios al Estado por más de 200.000 dólares en la adquisición de insumos de bioseguridad que se habrían dado de manera irregular. En Portugal, de los 96 funcionarios públicos envueltos en la desviación de bienes en plena pandemia, 60 fueron acusados". 

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Por el lado medioambiental, Colombia fue uno de los países más afectados según el último Informe Global Witness, del año 2021, que ubica al país como el que más homicidios de defensores medioambientales tuvo en 2020, con un total de 65 asesinatos. Tras Colombia, le siguen México con 30 homicidios y Brasil con 20.

Así las cosas, estas cifras se revelan con el fin de tener en cuenta no solo las transformaciones en crímenes, sino la estructura jurídica en la región para entender las necesidades en políticas públicas que podrían ser tenidas en cuenta desde los gobiernos de este lado del mundo. 

“El estudio evita detenerse en una perspectiva meramente descriptiva – o incluso de presentación de buenas prácticas, lo que ya por sí sólo sería de enorme utilidad – y ofrece recomendaciones que, sin duda, servirán de punto de partida para próximas actuaciones de esta línea de trabajo de la COMJIB”, concluye Javier Samper Orgilés, Coordinador Nacional Adjunto de la COMJIB.