Hay denuncias de violación de Derechos Humanos contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
El presidente de Colombia dijo que ese organismo internacional debe tener en cuenta el informe revelado por la ONU.
El presidente Iván Duque pidió a la Corte Penal Internacional (CPI) que tome la decisión de llamar a juicio a Nicolás Maduro, a partir del informe que reveló la oficina del Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que advierte sobre violaciones a los derechos humanos por parte del régimen en Venezuela.
Duque, a su llegada a Perú para participar en una nueva versión de la Alianza del Pacífico, dijo que fue el quien lideró las primeras denuncias en contra de Maduro, poniendo de presente pruebas sobre persecuciones a líderes políticos entre otras circunstancias que han puesto en jaque a la población del vecino país.
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“Hace cerca de 3 años denuncié a Maduro ante la Corte Penal Internacional. Me acompañaron 76 congresistas de Colombia, y más de 50 senadores de Chile; ahí mostramos estos hechos, los atropellos de un sátrapa de un régimen dictatorial que no tiene contemplación pasa callar las voces de cualquiera que lo desafíe”, sostuvo Duque.
“También dije que era una obligación de todos los países hacerlo propio. Yo espero que, con el informe de Michelle Bachelet, la Corte tenga la evidencia contundente para que se adelante un juicio y reciba lo merecido un dictador que ha acabado con el pueblo venezolano”, agregó.
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió en sus conclusiones la disolución de las Fuerzas Especiales (FAES), a las que les atribuye en particular la mayor parte de las 5.287 muertes extrajudiciales.
En su informe, tras la visita a Venezuela del 19 al 21 de junio, Bachelet resalta: "Los grupos armados civiles progubernamentales, los colectivos, han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones".
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"Entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio Gobierno. Otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores", dice Bachelet. Además, hay 793 personas privadas arbitrariamente de libertad.
