Andrés Felipe Arias y Álvaro Uribe.
Así lo advirtió la Fundación Paz y Reconciliación, al rechazar el proyecto de doble instancia retroactiva.
El proyecto estatutario de doble instancia reatroactiva que presentará el Centro Democrático en el Congreso, y que ha sido denominado como la ‘ley Andrés Felipe Arias’, continúa generando polémica en el país.
La iniciativa podría enfrentar algunos tropiezos, no solo por los reparos que ha presentado la oposición sino por la avalancha de impedimentos que se presentarían durante la discusión de la norma.
Ariel Ávila, subdirector de la fundación Paz y Reconciliación, prevé que cerca de 60 parlamentarios tendrían que declarar su conflicto de interés por estar investigados o tener algún familiar procesado o condenado en la Corte Suprema de Justicia.
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Entre los parlamentarios podría estar el propio expresidente Álvaro Uribe, cuyo primo Mario Uribe fue condenado parapolítica, al igual que el representante José Jaime Uscátegui, pues su padre el general Jaime Uscátegui fue condenado por la masacre de Mapiripán.
El senador Ciro Alejandro Ramírez estaría en la misma situación, ya que su padre fue sentenciado en la Corte por nexos con paramilitares. Congresistas como Richard Aguilar y María del Rosario Guerra, entre otros, tampoco podrían participar en la discusión de la iniciativa.
Ávila menciona otros ejemplos de congresistas que podrían estar impedidos como “Julián Bedoya Pulgarín que está siendo investigado y tendría que declararse impedido".
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También, según dijo el experto, "están los casos de familiares como Andrés García Zuccardi, ya que su mamá está en el proceso por parapolítica y por eso tendría que declararse impedido, y en general todos los 59 congresistas actualmente, como mínimo, no podrían votar este proyecto”.
“No solo vamos a volver a paralizar el Congreso con este proyecto de ley en un debate sin fin, sino que la cantidad de impedimentos y la discusión de los mismos va a tardar varios días y varias sesiones en el Congreso de la República”, añadió el investigador.
Ariel Ávila considera que la denominada ‘ley Andrés Felipe Arias’ también congestionaría la justicia, por la gran cantidad de procesos fallados en única instancia que tendría que revisar la Corte Suprema.
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“Estamos hablando de 61 excongresistas condenados por parapolítica, 25 en el marco del proceso 8.000, los dos que van en el caso Odebrecht, entre otros. Esto podría abrir un boquete de más de cien de estos aforados que ya fueron condenados y que podrían pedir una segunda instancia”, manifestó.
Aunque el proyecto de doble instancia será radicado por la bancada del Centro Democrático, muchos integrantes de ese partido no podrían firmarlo tras tener la condición de impedidos.
La ley estatutaria, que será radicada por el uribismo, propone la creación de una nueva sala en la Corte Suprema de Justicia que funcionaría por cuatro años máximo y se encargaría de revisar los procesos ya fallados en única instancia.
