Se dañó la Navidad: Trabajadores independientes recibirán menos plata por trámite que harán las empresas

La reciente aprobación de la Reforma Pensional en Colombia, a través de la Ley 2381 de 2024, trae consigo una serie de transformaciones en el sistema de pensiones que afectarán tanto a los trabajadores como a las empresas a partir del 1 de julio de 2025. Uno de los cambios más relevantes será la implementación de un sistema de pilares que agrupará a los cotizantes según criterios como semanas cotizadas, edad y capacidad económica para aportar al sistema. Sin embargo, la reforma también traerá nuevos desafíos para las empresas, especialmente aquellas que contratan trabajadores bajo la modalidad de prestación de servicios.

¿Cómo opera actualmente el sistema de cotizaciones?

Hasta ahora, los trabajadores independientes que prestan servicios mediante contratos de prestación de servicios deben gestionar directamente el pago de su seguridad social, lo que significa que reciben el 100% de sus honorarios y son responsables de realizar sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, utilizando la PILA (Planilla Integrada de Liquidación de Aportes).

Según Andrés Romero, asociado de la firma Godoy Córdoba, “bajo el sistema actual, el trabajador independiente debe hacerse cargo de sus aportes, sin ningún descuento por parte del contratante”. Sin embargo, con la Ley 2381, este panorama cambiará radicalmente para los empleados bajo esta modalidad.

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El impacto de la Reforma Pensional en las empresas

Con la entrada en vigor de la nueva ley, las empresas tendrán una nueva obligación: no solo deberán asumir los aportes al sistema de seguridad social de sus empleados directos, sino que también deberán realizar estos aportes en nombre de los trabajadores independientes contratados. Esto implica que las empresas descontarán de los honorarios acordados con los trabajadores independientes el porcentaje correspondiente a salud y pensión obligatoria. Además, si el trabajador lo solicita por escrito, las empresas también deberán gestionar los aportes voluntarios a pensión.

Este cambio genera una serie de nuevas responsabilidades para las empresas, entre las que se incluyen:

• Realizar los pagos de los aportes dentro de los plazos establecidos.
• Mantener actualizada la información necesaria para los pagos parafiscales.
• Asumir el total de los aportes, incluso si no se realizó el descuento al trabajador independiente.
• Garantizar el acceso a la información sobre la elección del fondo de pensiones y respetar la decisión del afiliado.
• Notificar novedades laborales a la entidad correspondiente y comunicar a los trabajadores los beneficios del sistema.

Retos administrativos y económicos para las empresas

Aunque el objetivo de la reforma es aumentar la formalidad en el sistema de pensiones y fomentar la inclusión de los trabajadores independientes en el Sistema de Seguridad Social Integral, este cambio plantea importantes retos administrativos para las empresas. Desde la gestión de los descuentos hasta la realización de los pagos en nombre de los trabajadores independientes, las empresas deberán invertir recursos adicionales en gestión administrativa.

Para las pequeñas y medianas empresas (PYMES), este ajuste podría representar una carga significativa, ya que deberán asumir costos no operacionales adicionales que podrían comprometer su viabilidad financiera. La nueva normativa también podría generar dificultades operativas, dado que algunas empresas no están preparadas para gestionar estos nuevos trámites.

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Un debate sobre la sostenibilidad de la reforma

La implementación de esta nueva modalidad ha reabierto el debate sobre cómo alinear la Reforma Pensional con la realidad empresarial. Mientras que el fomento de la formalidad y la inclusión de más cotizantes en el sistema de pensiones es fundamental para el bienestar del país a largo plazo, es necesario considerar las capacidades de las empresas para adaptarse a los nuevos requerimientos sin poner en riesgo su sostenibilidad.

En conclusión, la reforma no solo modifica la forma en que los trabajadores independientes aportan al sistema de pensiones, sino que también plantea un desafío importante para las empresas. A medida que se acerque la fecha de implementación, las empresas deberán prepararse para asumir una nueva carga administrativa que, aunque bien intencionada, podría generar tensiones entre la formalización del empleo y la sostenibilidad financiera de las organizaciones.