Lo investigan por los hechos que rodearon la muerte del estudiante de Derecho.
Ante el juez octavo del Circuito Especializado, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al expatrullero Harby Damián Rodríguez, por su responsabilidad en los hechos que rodearon la muerte del ingeniero aeronáutico y estudiante de Derecho Javier Ordóñez, ocurrido en septiembre de 2020.
El delegado de la Fiscalía 94 de Derechos Humanos, acusó formalmente al expatrullero Rodríguez por los delitos de homicidio agravado y tortura agravada, tras la muerte del hombre de 45 años en hechos ocurrido en la localidad de Engativá de Bogotá.
En su exposición el delegado de la Fiscalía, señaló que entre las pruebas que se lograron recopilar se encuentran testimonios, videos y los resultados de la necropsia que entregó el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Según señaló el Fiscal, existen serios indicios que advierten acerca de la presunta responsabilidad del exuniformado Rodríguez en el caso de abuso policial que quedó registrado en un video que grabó uno de los amigos de la víctima, que en medio de la angustia pedía que no golpearan más al estudiante de Derecho, mientras permanecía en el piso sometido.
Según expuso el Fiscal, en el CAI de Villa Luz se habrían registrado otro tipo de actos considerados como torturas que habrían generado la muerte de Ordóñez.
Rodríguez no aceptó los cargos que en su momento le imputó la Fiscalía, declarándose inocente.
Se espera que el próximo 18 de mayo, se inicien las audiencias preparatorias dentro del proceso que se adelanta contra el exuniformado Rodríguez.
El juez octavo del Circuito Especializado de Bogotá aceptó el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y el patrullero de la Policía Metropolitana de Bogotá Juan Camilo Lloreda, donde aceptó su responsabilidad en la muerte del estudiante de Derecho Javier Ordóñez, el 9 de septiembre de 2020.
En la mañana de este martes, el delegado de la Fiscalía 94 de Derechos Humanos presentó el preacuerdo en el que, el patrullero Lloreda, aceptó que cometió los delitos de tortura agravada y homicidio agravado, por lo que se expone a una condena de 20 años teniendo en cuenta la rebaja que se le otorga por la información que suministró y que permitió que otros uniformados, sean también vinculados al proceso que se adelanta por la muerte de Ordóñez.
El juez le preguntó a Juan Camilo Lloreda: "¿se ratifica usted en lo manifestado en la Fiscalía en el preacuerdo?", respondió Lloreda: "Sí señor juez (...)".
Tanto la Procuraduría como la Fiscalía y la representación de víctimas estuvieron de acuerdo con la construcción del preacuerdo.
El patrullero Juan Camilo Lloreda se comprometió a pedir perdón públicamente a la familia de Javier Ordóñez y a la Policía Nacional, por los hechos que rodearon la muerte del estudiante de Derecho.
Este acto de reparación se realizará por medio de un acto público en el que el uniformado reconocerá que se equivocó al haber sometido, golpeado y maltratado a la víctima.
También aceptará que Ordóñez se encontraba en un estado de inferioridad y de indefensión, al haber sido atacado mientras, permanecía en estado de alicoramiento.
Parte del compromiso de reparación consistió en revelar la verdad de lo que ocurrió en la madrugada en la que falleció Ordóñez.
"La negociación consistió en que la Fiscalía a cambio de la aceptación de los delitos de homicidio agravado y tortura agravada y con el propósito de no discutir el caso en el juicio, acordaron las partes que se tendrá en cuenta la máxima condena por el delito de homicidio, fijado en 240 meses de prisión y multa de 1.500 salarios mínimos", señaló el juez.
La construcción del preacuerdo, se basó en el informe de la necropsia que realizó el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Fuente
Sistema Integrado de Información
