Comerciantes rechazan la prohibición de venta de animales en plazas de mercado de Bogotá

“A nosotros nunca nos han escuchado ni nos han tomado en cuenta. Nuestra actividad no es ilegal tiene todos los filtros y todo mantiene limpio. Es un atropello porque en esta pandemia hay muchas personas que ya no tienen sustento y con esta prohibición peor. Es urgente que nos ayuden”, dijo una de las vendedoras de animales vivos en la Plaza del Restrepo. 

“Nuestra actividad no es ilegal, en cambio deberían atacar las plagas como ratas y cucarachas, que contaminan y afectan a las comunidades. Ahí deben están los operativos porque culturalmente las plazas se hicieron para que los campesinos traigan y vendan sus productos; con estas medidas están acabando todo”, dijo otro comerciante. 

También revelaron que desde las plazas de mercado se han interpuesto 135 demandas al Distrito, por los “atropellos” de los que han sido víctimas por cuenta de desalojos, operativos y prohibiciones como la más reciente. 

Para la concejal animalista de Bogotá, Andrea Padilla, este proyecto, que ahora pasa a sanción de la alcaldesa Claudia López, “le pondrá fin a uno de los peores escenarios de maltrato animal y de insalubridad en Bogotá. La venta de animales en plazas de mercado es un fenómeno que no solo viola los principios más elementales de bienestar animal por las condiciones inhumanas en las que son mantenidos animales de distintas especies, sino que pone en riesgo la salud de las personas por el fenómeno de contaminación cruzada”.

“En estos lugares era normal encontrar revueltos peces, aves ornamentales, patos, gallinas, pavos reales, perros, gatos, hámsteres, curíes, conejos, y hasta cerdos y cabras. Además, es bien sabido que se cometía el delito de comercio de animales silvestres. Ahora, las alcaldías locales y el Instituto de Protección Animal tendrán la responsabilidad de controlar el comercio en las inmediaciones de las plazas de mercado, pues es probable que esta actividad ilegal se exacerbe con la prohibición”, sostuvo la cabildante.

La prohibición entrará en vigencia seis meses después de sancionado el proyecto de acuerdo.