Dentro de los detenidos en las URI hay 23 ciudadanos venezolanos.
La Personería de Bogotá presentó 31 acciones de tutela para que 51 personas privadas de la libertad con condenas y medidas de aseguramiento intramural o domiciliaria, y quienes han permanecido durante meses en las URI de la ciudad, sean trasladas por el Inpec a centros carcelarios o a cumplir su medida domiciliaria.
Hasta el momento 41 detenidos, dos de ellos condenados, fueran trasladados a centros penitenciarios. Además, están pendientes de fallar doce acciones constitucionales más; una de las tutelas busca trasladar a 23 venezolanos detenidos.
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En las tutelas se argumenta que las instalaciones no tienen las condiciones adecuadas de centro de reclusión y no cuentan con ventilación suficiente ni condiciones de salubridad.
Además, que hay sobreocupación y las personas detenidas tienen que dormir muchas veces en el suelo, lo que constituye una violación a los derechos humanos de los reclusos.
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“La Personería continúa exigiendo la agilización de los traslados a cárceles o adoptar las medidas necesarias para su detención domiciliaria, con el fin de garantizar los derechos a la salud, a la integridad personal y a la vida”, señaló la entidad.
Agregó que “continúan el hacinamiento y las condiciones infrahumanas en las URI (Unidades de Reacción Inmediata) de la capital, en contravía de las normas y de la Sentencia T-151 de 2016 de la Corte Constitucional, que establecen que las personas sindicadas y condenadas no pueden permanecer más de 36 horas en sitios transitorios de detención.
