Exdirector de La Picota habría recibido su 'tajada' por ayudar a un narco
La Fiscalía General formuló imputación de cargos ante un juez contra el exdirector de la cárcel La Picota de Bogotá, César Augusto Ceballos Giraldo, por presuntamente hacer parte de un entramado de corrupción que a cambio de millonarias coimas favoreció a un narcotraficante condenado por la justicia.
Por estos hechos, también fueron judicializados el abogado Germán Eduardo Cifuentes Rodríguez y el investigador privado Jorge Efredy Monroy Ávila.
Según la Fiscalía, en marzo de 2015, la Corte Suprema condenó a 16 años de prisión a un hombre capturado en flagrancia con 300 kilogramos de cocaína y ordenó que debía permanecer en una cárcel de la ciudad de Villavicencio (Meta).
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Sin embargo, se estableció que el abogado Cifuentes Rodríguez supuestamente ofreció sus servicios para contactar a funcionarios que, a cambio de dádivas, facilitaran el reconocimiento de la detención domiciliaria, rebajas en la pena y permisos de trabajo y otros beneficios a esta persona sentenciada por tráfico de drogas.
"Inicialmente, el 31 de julio de 2015, el entonces director de la cárcel La Picota, al parecer, permitió que el sentenciado ingresara irregularmente a ese centro penitenciario con apenas presentarse voluntariamente, sin que mediara un traslado oficial del Inpec, con una boleta de detención falsa y en claro desconocimiento de lo establecido en el fallo", señaló la Fiscalía.
Los fiscales detectaron que el investigador Monroy Ávila, presuntamente, se encargó de recolectar entrevistas, fotografías y documentos para acreditar que el condenado estaba al cuidado de los hijos menores de edad por desaparición de su esposa, algo que no correspondía a la verdad.
Las evidencias permitieron establecer que por todos los privilegios obtenidos el narcotraficante pagó 250 millones de pesos al abogado Cifuentes Rodríguez, quien habría ofrecido una parte a varios funcionarios y particulares que intervinieron en múltiples falsedades y la manipulación a los sistemas de reparto judicial.
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Por este caso ya fueron condenados un juez de ejecución de penas, una defensora de familia del ICBF de Villavicencio (Meta) y un ingeniero del Centro de Servicios del Complejo Judicial de Paloquemao; y avanza el juicio en contra de un juez penal de Villavicencio (Meta).