Agentes de policía judicial hicieron efectiva la captura de tres funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), por su presunta responsabilidad en medio de los graves hechos que se registraron durante los desórdenes e intento de fuga que dejó 24 reclusos muertos y más de cien heridos, en el noche del 21 de marzo de 2020.
Estos tres primeros funcionarios del Inpec detenidos deberán responder penalmente por su supuesta autoría en una serie de agresiones, abusos y otros excesos de la fuerza contra los reclusos de la cárcel Modelo en Bogotá, quienes entre el 21 y el 22 de marzo, llevaron a cabo un motín que se salió de control y terminó con un saldo trágico.
De acuerdo con los investigadores, el fiscal a cargo de este proceso también solicitó órdenes judiciales en contra de otros dos funcionarios del Inpec por estos graves hechos.
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Estos grupo de servidores públicos serán presentados ante un juez de control de garantías para legalizar sus capturas, formularles imputación de cargos y solicitar las respectivas medidas de aseguramiento en su contra.
Las investigaciones están siendo coordinadas por un fiscal especializado adscrito a la Unidad contra las Violaciones a los Derechos Humanos.
Las denuncias realizadas en su momento, advirtieron de abusos de la fuerza por parte de los guardias que controlaban los desmanes registrados en la cárcel Modelo, al igual que posibles casos de torturas y ejecuciones extrajudiciales.
El reporte de las autoridades forenses señaló que 23 de los reclusos fallecidos, murieron a causa del impacto de disparos de armas de fuego y uno por caída libre.
En lo referente a las necropsias y la identificación legal de los 24 muertos en la cárcel La Modelo, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses aplicó los respectivos protocolos especiales para estos casos, los cuales fueron ejecutados por médicos especializados, radiólogos, dactiloscopistas, fotógrafos, investigadores y antropólogos.
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La recolección de elementos materiales probatorios y evidencias físicas, estuvo a cargo de un equipo interdisciplinario conformado por más de 45 funcionarios entre fiscales y policía judicial de la Sijín y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.