El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Carlos Fernando Triana, sostuvo que en las 19 estaciones de la institución alrededor de la ciudad, hay un hacinamiento de 3.300 personas que rebasan el espacio que deberían ocupar menos personas.
“Tenemos un hacinamiento en las diferentes estaciones de policía, estamos hablando sobre el orden de las 3300 personas privadas de la libertad, a lo largo de las 19 estaciones de policía, un hacinamiento considerable, ahí estamos haciendo esfuerzos a partir de las coordinaciones con el Inpec para precisamente lograr trasladar personas a las cárceles del país”, indicó.
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Así mismo, afirmó que, “actualmente en las 19 estaciones de policía, pero también en las URI, se encuentran sobre el orden de los 3.262 privados de la libertad, de los cuales hay 510 condenados, 2710 imputados y 43 domiciliarios, este es el balance de todas las personas que están privadas de la libertad en las estaciones de policía”.
Por su parte, el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, aseguró que “en Bogotá hemos venido impulsando las acciones para mejorar y ampliar los equipamientos de seguridad y justicia en la ciudad”.
“Hay que recordar que, ante esta problemática de hacinamiento en estaciones de policía y URI, el Distrito en enero inauguró el centro especial de reclusión de Puente Aranda con poco más de 200 cupos y ya estamos construyendo una nueva fase en ese mismo centro especial de reclusión para tener al menos otros 200 cupos”, sostuvo.
Adicionalmente, indicó que “hemos planteado también un proyecto de ley, en materia de justicia penal restaurativa, construyendo centros de reclusión como el que hemos construido en Puente Aranda, podemos mejorar la condición de hacinamiento y generar un mecanismo de justicia eficaz, con sanción, pero restaurativa”.
“Aprovechamos esta oportunidad en donde hoy se presenta una fuga en la estación de Kennedy para hacer un llamado a que este proyecto de ley sea considerado prontamente en el congreso, consideramos que hay instrumentos que nos permiten abordar esta problemática con mucho rigor”, manifestó.
De igual manera, señaló que “también el proyecto de ley que se ha presentado por parte de Asocapitales, que ha sido ya socializado con el Gobierno en donde se precisan responsabilidades y roles entre el ente territorial, departamento, municipio y el orden nacional en materia carcelaria”.
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“Tenemos que avanzar en una política carcelaria eficaz con más equipamientos y con un sistema de justicia restaurativa para delitos menores, que nos permitan eficacia en la sanciones pero no necesariamente aumentar el hacinamiento en los centros carcelarios”, puntualizó.