Durante un debate de control político en el Concejo de Bogotá, el cabildante Marco Acosta realizó una denuncia contundente relacionada con las cámaras ubicadas en los semáforos, las cuales suelen detectar diversas infracciones cometidas tanto por conductores como por peatones.
Según Acosta, en los últimos cuatro años ha habido un aumento considerable del 200% en el recaudo de foto comparendos por parte de la Secretaría de Movilidad, según datos proporcionados por la misma entidad. En el año 2020, se recaudaron $130.701.943.530, mientras que en 2023 la cifra ascendió a $292.621.743.939. Hasta marzo de 2024, se han recaudado un total de $83.049.386.233.
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El concejal destacó que la administración de la exalcaldesa Claudia López habría utilizado las fotomultas como principal fuente de recaudo para cubrir el déficit fiscal dejado por los colados en Transmilenio, considerando que estas cámaras han perdido su función inicial y ahora se dedican únicamente a generar ingresos.
Además, Acosta señaló que estos procesos podrían estar vulnerando el derecho a la no autoincriminación, establecido en el artículo 33 de la Constitución Política, al castigar al propietario del vehículo sin darle la oportunidad de defenderse.
El concejal afirmó que, según sus cifras, el 58% de los conductores afectados por estas infracciones no reciben notificaciones adecuadas, lo que dificulta su impugnación y agota los términos legales para hacerlo.
En cuanto a la efectividad de estas cámaras para reducir los accidentes de tránsito, Acosta afirmó que no ha sido suficiente, citando datos de la Secretaría Distrital de Movilidad que indican 524 muertes, 12.465 heridos y 1.115 daños materiales en el año 2023, con mayor incidencia en motociclistas y peatones.
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Finalmente, Acosta concluyó que varios expertos coinciden en que el aumento de accidentes se debe a la falta de efectividad en las estrategias de movilidad del Distrito, enfatizando la necesidad de mejorar el estado de las vías como parte fundamental de la solución.