Responsable de crimen de tres menores en Usaquén deberá pagar 40 años de cana
El juzgado quinto especializado de Bogotá condenó a Daniel Arturo Prieto Beltrán a pagar 40 años de prisión, por su responsabilidad en la desaparición y homicidio de tres menores de edad, en hechos ocurridos el 22 de febrero de 2017 en la localidad de Usaquén en Bogotá.
La sentencia condenatoria fue emitida por parte del juzgado especializado de Bogotá, quien acogió los argumentos de la Fiscalía y los diferentes elementos de prueba recolectados por los agentes de Policía Judicial.
La sentencia se profirió por los delitos de desaparición forzada atenuada y agravada; homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado y hurto calificado y agravado.
En la misma sentencia condenatoria, el juez también ordenó el pago de una multa de 3.499 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
De acuerdo con la investigación adelantada por el CTI bajo la coordinación de un fiscal especializado de Bogotá, Prieto Beltrán fue el autor material de los graves hechos acontecidos en la localidad de Usaquén, donde los adolescentes fueron vistos por última vez.
“Ese 22 de febrero las víctimas se movilizaban en una camioneta transportando un mercado desde el barrio San Cristóbal Norte hacia el barrio Cerro Norte, pero se presume que fueron interceptados por tres sujetos quienes los despojaron violentamente del vehículo, los llevaron a la parte más boscosa de Cerro Norte y allí los asesinaron con armas de fuego”, relató el fiscal del caso durante la audiencia de juicio.
Las pruebas recolectadas por los peritos de la Fiscalía evidenciaron que las víctimas fueron desaparecidas para hurtarles el vehículo, al cual le modificaron su placa para venderlo. El automotor fue hallado 10 días después en el sur de la ciudad.
Los investigadores hicieron énfasis en que los cuerpos de los adolescentes fueron encontrados el 3 de mayo de 2019, es decir, dos años después del crimen.
Por estos hechos, Prieto Beltrán aceptó su responsabilidad a través de un preacuerdo realizado con el fiscal especializado a cargo del proceso.