Se define el futuro del metro de Bogotá: Tribunal fallará demanda sobre si es elevado

Los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca iniciaron el estudio de una acción popular que fue instaurada, con el fin de que se adopten medidas urgentes para garantizar que se permita que continúe el metro elevado en Bogotá.

Esta demanda fue instaurada por parte de la concejal de Bogotá, Lucía Bastidas, quien señaló que el objetivo es salvaguardar los intereses de los ciudadanos a quienes se les vulnerarían sus derechos colectivos, con la propuesta del Gobierno Nacional de modificar severamente la primera línea del Metro.

“El Gobierno Nacional sabotea el megaproyecto al desconocer los avances de la obra: Construcción (18%), patio taller (68%) y el Traslado Anticipado de Redes (95%). Los únicos perjudicados con las demoras en las obras y el caos actual en la movilidad serán los 2,5 millones de bogotanos que se beneficiarán con el metro”, indicó Bastidas.

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En la demanda se señala que cuatro de las opciones presentadas por el consorcio chino al presidente Gustavo Petro, la alcaldesa Claudia López y la Empresa Metro de Bogotá no son viables jurídicamente, porque el contrato no se puede modificar ni sobrepasar el monto máximo de adición que establece la norma de contratación pública, de hasta el 50% del valor inicial. 

Según la concejal Lucía Bastidas, la única solución que recomendó el contratista fue extender el metro de la calle 72 hasta la calle 100, por ser jurídicamente viable y agregar valor, por atender 20.000 pasajeros adicionales.

De acuerdo con la demandante, existe un afán del Gobierno Nacional para enterrar bajo tierra un tramo de la 'Primera Línea del Metro' y hacer efectiva la modificación de lo pactado en 2019. 

“Este capricho tendría sobrecostos que podrían oscilar entre los 8 y los 12 billones de pesos y retrasos de 8 a 10 años, lo que representaría un caos a la movilidad de los bogotanos durante los próximos años”, dijo Bastidas.

En la acción popular se solicita “al Gobierno Nacional y Distrital que se abstengan de hacer cambios en el contrato inicialmente pactado del megaproyecto. Que la Administración Distrital con la Empresa Metro continúen con la ejecución planeada, es decir, sin soterrar ningún tramo del proyecto”.

Asimismo, se plantea la necesidad de “realizar un diálogo entre Presidente, Alcaldía y la Empresa Metro, en el que se reiteren los lineamientos pactados con el fin de que la obra se ejecute sin modificación o contratiempo alguno".

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También se deja presente en la demanda que la propia Procuraduría General alertó del posible detrimento patrimonial y los riesgos por las demoras en el plazo de esta megaobra.