¿Se embolataron los subsidios? Gobierno confirma futuro de Renta Ciudadana y Devolución del IVA

En el octavo debate, la Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó finalmente la reforma al Sistema General de Participaciones, con 124 votos a favor y solo 2 en contra. Esta reforma permitirá al Gobierno Nacional transferir los recursos necesarios a los municipios, distritos y departamentos para que puedan atender servicios básicos como educación, salud, agua y saneamiento, entre otros. 

El objetivo principal de esta reforma es aumentar el presupuesto de las entidades territoriales. A partir de 2027, se incrementará de forma gradual hasta alcanzar un 39,5% de los ingresos corrientes de la Nación durante los próximos 12 años, un aumento significativo desde el actual 23,8%. 

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Con esta medida, se busca descentralizar el poder y asegurar que las regiones puedan atender de manera más eficaz las necesidades de los ciudadanos. Esto permitirá a las entidades territoriales tener una mayor autonomía, lo que redundará en un impacto positivo, especialmente en las áreas más alejadas de las grandes ciudades, como los municipios. 

La descentralización: una promesa pendiente 

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, comentó en una entrevista que, aunque la Constitución de 1991 prometió a los colombianos la descentralización, esta nunca se cumplió en su totalidad. Según Cristo, la reforma no es una solución definitiva, pero sí representa un paso importante para rediseñar la estructura actual. El modelo centralista, explicó, no ha logrado cerrar las brechas sociales, pues hay ciudades que parecen de primer mundo, mientras que otras siguen sumidas en la extrema pobreza, sin recibir la atención necesaria. 

Con la reforma, serán los gobiernos departamentales y municipales los encargados de asumir las responsabilidades que antes recaían sobre el Gobierno Nacional, buscando una gestión más directa y eficaz. 

Cambio en Prosperidad Social 

En paralelo a la reforma, se anunciaron cambios en el Departamento de Prosperidad Social, que nació como una entidad encargada de gestionar las transferencias monetarias y subsidios para los sectores más necesitados del país, mediante programas como Familias en Acción y Jóvenes en Acción. 

Ahora, Prosperidad Social será responsable de administrar los subsidios sin afectar otras áreas de acción. Los gobiernos locales podrán ejecutar estos programas sin depender de una oficina centralizada en Bogotá, lo que facilitará la ejecución de políticas públicas en las regiones. 

¿Qué pasará con la Renta Ciudadana y la Devolución del IVA? 

Aunque las ayudas sociales se mantendrán, la reforma plantea un cambio importante: se buscará que las poblaciones puedan superar su situación socioeconómica sin depender permanentemente de subsidios. Si se aprueban las nuevas medidas, Prosperidad Social dejará de gestionar obras públicas para las regiones, lo que permitirá un enfoque más directo en el apoyo a los ciudadanos. 

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Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social, anunció que, en 2025, el presupuesto para ayudas sociales será más limitado. Esto llevará a las familias a buscar alternativas para continuar recibiendo apoyo a través de programas como la Renta Ciudadana y la Devolución del IVA, junto con otras iniciativas sociales. 

En resumen, esta reforma y los cambios en Prosperidad Social representan un paso importante hacia una mayor descentralización y una gestión más eficiente de los recursos en el país. Sin embargo, será crucial ver cómo se implementan estos cambios y si logran mejorar las condiciones de vida de los colombianos, especialmente en las regiones más afectadas por la pobreza.