La Corte Constitucional estudia las objeciones del Gobierno al proyecto de ley que las permite
La discusión sobre los derechos laborales de las madres comunitarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) volvió a ser pieza de debate en la Corte Constitucional.
El Alto Tribunal estudia unas objeciones del Gobierno al proyecto de ley que establece los lineamientos de trabajo para ese grupo de mujeres, beneficios por los cuales han protestado en varias ocasiones las trabajadoras.
El Gobierno dice que ese proyecto de ley es inconstitucional, porque al parecer permite a las madres comunitarias acceder a una pensión de vejez sin cumplir las semanas de cotización establecidas por la ley, desconociendo los requisitos y beneficios para todas las personas.
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Es decir, el beneficio sería desigual con quienes deben cumplir un número establecido de semanas cotizadas.
“Se crea un régimen especial de pensiones sin exigir semanas de cotización para obtener el derecho (…) se desconocen los requisitos y beneficios para todas las personas establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones teniendo en cuenta las cotizaciones efectuadas”, dicen las objeciones.
Además, supuestamente ese beneficio pondría en riesgo la sostenibilidad fiscal del sistema pensional, y “el derecho a la pensión de todos los ciudadanos”.
“La creación de un régimen pensional especial para las destinatarias de este beneficio genera un trato diferenciado frente al resto de la población afiliada al Sistema General de Pensiones, especialmente con respecto a las personas de la tercera edad que son sujetos de especial protección", dicen las objeciones.
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El Gobierno también cuestiona el vínculo contractual que se crearía entre las madres comunitarias y el Icbf, porque supuestamente modifica la estructura de esa entidad gubernamental.
Sobre ese punto, las objeciones también dicen que esa figura o supuesta modificación, no fue presentada a iniciativa del Gobierno Nacional, ni su trámite fue avalado por el mismo, lo cual lo haría inconstitucional.
Finalmente, el Gobierno critica la definición de madres sustitutas que está contenida en el proyecto de ley, advirtiendo que se equivoca al prever que los menores de edad puedan ser separados de su familia biológica por razones económicas o de discapacidad.
