La Procuraduría solicitó información detallada sobre los programas de alimentación.
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de la Regional La Guajira, Yanerys Beatriz Cotes, información detallada sobre la contratación de los programas de alimentación escolar (PAE) que benefician a los niños, niñas y adolescentes de la comunidad wayúu.
A través de una misiva, el Ministerio Público pidió a Cotes especificar la fundación u operador contratado y aspectos de los negocios jurídicos como el valor, el número de beneficiarios, las comunidades donde se prestará el servicio y toda la información de la representación legal.
La Procuraduría explicó que las acciones preventivas se deben a las denuncias realizadas por las autoridades del pueblo wayúu, "ya que manifiestan presuntos hechos de corrupción en la forma en que se está llevando la contratación directa para la modalidad propia del Instituto”.
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En ese sentido, mencionó que la Regional de La Guajira, en su función de ejercer vigilancia a los funcionarios que desempeñan funciones públicas, inició un seguimiento al presupuesto que ejecutó el ICBF con diferentes fundaciones.
Es de resaltar que las fundaciones prestan los servicios de atención a la nutrición y a la primera infancia, por medio de la modalidad familiar, con la entrega gratuita de leche, alimentos o complementos nutricionales y, la alimentación de niños y niñas de cero a cinco años en los diferentes Centros de Desarrollo Infantil (CDI) del Instituto.
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Por otra parte, el organismo recordó sobre “la importancia de acatar cabalmente la sentencia de la Corte Constitucional, que declaró el estado de cosas inconstitucionales en relación con el goce efectivo de los derechos fundamentales a la vida, a la integridad física, a la salud, a la seguridad social, a la alimentación equilibrada y al acceso al agua potable de los niños y niñas pertenecientes a la comunidad wayúu asentada en los municipios de Maicao, Uribía, Riohacha y Manaure”.
