Se cumplen 21 años del crimen de Jaime Garzón, ¿qué ha pasado con la investigación?

Plazas Acevedo fue señalado por la Fiscalía General de haber ordenado los seguimientos contra el periodista y la recolección de datos sobre sus movimientos diarios, las personas con las que se reunía y las rutas que solía utilizar para sus desplazamientos.

Esta información, según la investigación, le fue entregada a dos integrantes de la banda delincuencial de ‘La Terraza’ de Medellín, la cual tenía una relación directa con la llamada ‘Oficina de Envigado’ y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) comandadas por Carlos Castaño Gil.

El coronel habría sido el encargado –como señalaron algunos testigos- de haber confirmado la información de los seguimientos, recibir a los integrantes de ‘La Terraza’ en Bogotá y darles alojamiento y protección.

Fueron estos dos sujetos los que le dispararon a Jaime Garzón cuando se dirigía en su camioneta a las instalaciones de la emisora Radionet en la mañana de ese viernes y que segaron su vida.  

Debido a esto, la Fiscalía, la Procuraduría y la defensa de víctimas le habían solicitado al juzgado que se emitiera sentido de fallo condenatorio en contra el excomandante del B-2 del Ejército por el delito de homicidio agravado en calidad de determinador.

?La JEP negó la acción de tutela formulada por el Teniente Coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la libertad personal y al debido proceso.
?Leer comunicado: https://t.co/DxeTjVLXmI pic.twitter.com/N1YAGfxgwU

— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) July 16, 2020

Desde hace dos años el caso del coronel ha estado en la JEP y hasta la fecha no se ha emitido una decisión de fondo. El pasado 15 de julio, dicha jurisdicción le negó por tercera oportunidad su libertad del coronel en retiro asegurando que no se habían vulnerado sus derechos procesales como reclamaba.

En el mismo auto, la Sección de Apelación le hizo un llamado de atención para que aportara la verdad en los procesos por los cuales se sometió a esa justicia transicional, de no hacerlo, su admisión podría ser reevaluada.

"(…) tuviera en consideración que se le deben exigir importantes aportes a verdad plena en casos emblemáticos que afectaron de manera grave a toda la sociedad colombiana (homicidios de periodistas, ataques a defensores de derechos humanos, entre otros) así no se encuentren relacionados con los siete macrocasos que actualmente se encuentran abiertos", señala la decisión.

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El coronel se encuentra actualmente privado de su libertad cumpliendo una condena de 40 años de prisión por su responsabilidad en el secuestro y posterior asesinato del empresario israelí Benjamín Khoudari registrado en 1998.

Igualmente es investigado por su presunta participación en la masacre de Mapiripán, ejecutada por los paramilitares en julio de 1997; el asesinato de los investigadores del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), Mario Calderón y Elsa Alvarado en mayo de 1997 y el crimen de Mariano López durante la Operación Cacarica.

José Miguel Narváez

En septiembre de 2019, la defensa del exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez Martínez presentó una solicitud formal ante la JEP para que conociera el proceso por el que fue juzgado y condenado el otrora profesor de la Escuela Superior de Guerra por el crimen de Jaime Garzón.

En su solicitud Narváez se comprometió a contar toda la verdad sobre los hechos que rodearon el asesinato de Garzón y el plan para desviar las respectivas investigaciones. Debido a lo que llamó un riesgo para su vida pidió que se le otorgara protección y se garantizara la seguridad a los miembros de su familia.

Narváez tocó la puerta de la JEP después que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá le rebajara, en fallo de segunda instancia, de 30 a 26 los años de condena por su responsabilidad en el crimen del humorista político. El exsubdirector del DAS había sido encontrado responsable del delito de homicidio agravado en calidad de determinador.

Narváez Martínez fue sentenciado por haber instigado al máximo comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño Gil de ordenar el crimen del periodista a quien acusaba de tener nexos con grupos guerrilleros y beneficiarse económicamente de su labor como mediador para la liberación de secuestrados. 

El exsubdirecctor del DAS también enfrenta procesos penales por las torturas psicológicas en contra de la periodista Claudia Julieta Duque y las ‘chuzadas’ que se adelantaron desde el organismo de inteligencia a defensores de derechos humanos, sindicalistas y opositores al Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

El general Santoyo

Después de regresar al país tras cumplir una condena de nueve años de prisión en los Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas, el general (r) Mauricio Santoyo quedó a disposición de las autoridades colombianas para que declarara en varias investigaciones en las que se le relacionaba.

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Uno de esos casos fue el crimen de Jaime Garzón. El exjefe de seguridad de la Casa de Nariño había sido señalado por el excomandante paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’ de haber tenido una participación activa en la desviación de la investigación por el asesinato del periodista cuando fungía como comandante del Gaula de la Policía de Medellín.

‘Don Berna’ indicó que Santoyo fue pieza fundamental para ocultar pruebas y presentar ante las autoridades a personas que poco o nada tenían que ver con el crimen de Garzón. Igualmente, habría dado las órdenes para que los verdaderos implicados fueran “desaparecidos”.

En su interrogatorio ante la Fiscalía, el general en retiro rechazó las declaraciones de ‘Don Berna’ y negó haber tenido participación o conocimiento de estos hechos. En un punto de su declaración aseguró que solamente había visto a Jaime Garzón en televisión.

La Fiscalía General recolecta otras pruebas para establecer si llama o no a juicio al oficial en retiro.