Estudiantes se ahorrarán buena plata para graduarse: Nueva ley los beneficia

Con la entrada en vigor de la Ley 2391 de 2024, los estudiantes colombianos de sectores vulnerables tienen motivos para celebrar. Esta normativa, aprobada en diciembre del año pasado, promete transformar el acceso y los procesos de graduación en las universidades públicas del país, generando mayor equidad y oportunidades para miles de jóvenes.

¿Qué establece la Ley 2391?

Gratuidad en las inscripciones para universidades públicas

Desde este año, las personas de grupos poblacionales vulnerables podrán inscribirse sin costo en las universidades públicas.

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¿Quiénes son los beneficiarios?

Este beneficio está dirigido a quienes pertenezcan a los grupos A, B y C del SISBÉN IV, así como a comunidades étnicas, campesinos, víctimas del conflicto armado y personas con discapacidad.

Condiciones del beneficio:

• Cada beneficiario puede realizar hasta tres inscripciones gratuitas, ya sea al mismo tiempo o en diferentes periodos.
• La medida no aplica para quienes ya estén matriculados en una institución de educación superior o posean un título profesional.

Eliminación de los costos de derechos de grado

Otro avance significativo es la gratuidad en los derechos de grado para estudiantes de pregrado en universidades públicas.

¿Quiénes se benefician?

Esta medida cubre a los mismos grupos poblacionales que aplican para la gratuidad en inscripciones, asegurando que los estudiantes de sectores vulnerables no enfrenten barreras económicas al finalizar sus estudios.

Implementación gradual:

Aunque la medida será progresiva, se espera que para finales de 2025 esté plenamente operativa, beneficiando a un amplio número de estudiantes.

¿Cómo se clasifica a los beneficiarios del SISBÉN IV?

• Grupo A: Hogares en pobreza extrema, con menor capacidad para generar ingresos.
• Grupo B: Hogares en situación de pobreza moderada, con ingresos superiores a los del Grupo A.
• Grupo C: Hogares vulnerables, en riesgo de caer en pobreza.

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Reacciones y desafíos

La Ley 2391 ha sido bien recibida por estudiantes, organizaciones sociales y académicas, quienes destacan su impacto en la reducción de brechas educativas. Sin embargo, expertos advierten sobre los retos que enfrentará su implementación, entre ellos:

• La necesidad de coordinación entre el Gobierno Nacional, las universidades públicas y los entes territoriales.
• Garantizar la sostenibilidad financiera sin afectar la calidad educativa.