Anuncian medidas estrictas para quienes trabajan con aplicaciones de transporte en Colombia

El Gobierno colombiano ha anunciado nuevas medidas que endurecen los controles para quienes presten servicios de transporte a través de aplicaciones de movilidad como Uber, DiDi, Picap y Cabify. Más de 100.000 personas en el país utilizan estas plataformas como fuente de empleo, conectando diariamente a miles de ciudadanos con opciones rápidas y accesibles de transporte. Sin embargo, las autoridades advierten que no todos los vehículos particulares que operan mediante estas aplicaciones están autorizados para prestar este servicio.

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De acuerdo con el Ministerio de Transporte, cualquier vehículo particular que ofrezca transporte de pasajeros debe contar con una habilitación estatal. Esta normativa busca garantizar la seguridad de los usuarios y la calidad del servicio. “Apoyamos el desarrollo tecnológico en el transporte, pero es esencial que se proteja la vida de los usuarios y se cumpla con las condiciones técnicas y jurídicas exigidas por la legislación colombiana”, declaró un portavoz del Ministerio.

La Superintendencia de Transporte, a través de una circular emitida el 6 de septiembre, exigió a las autoridades de tránsito intensificar los operativos de control y asegurar que solo los vehículos autorizados presten este servicio. La circular reitera la importancia de cumplir con la Ley 336 de 1996 y la Ley 769 de 2002, que regulan el transporte en Colombia. Las autoridades locales tienen un plazo de tres días para reforzar e implementar nuevas estrategias que garanticen el cumplimiento de estas normativas.

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Multas por operar sin autorización

Los conductores que ofrezcan servicios de transporte sin la debida autorización se enfrentan a severas sanciones. Según el Código Nacional de Tránsito, la infracción D12 se aplica a aquellos que presten un servicio distinto al autorizado por su licencia de tránsito. En 2024, el valor de esta multa asciende a $1.300.000.

Con estas medidas, el Gobierno busca mantener el equilibrio entre la modernización del sector transporte y la protección de la seguridad y los derechos de los usuarios, al mismo tiempo que refuerza el cumplimiento de las leyes vigentes.