Plenaria Concejo de Bogotá
26 Jul 2024
12:37 PM
Con acción popular buscarían tomar importante decisión con concejales en Bogotá
Esto estaría costando cerca de 8.000 millones de pesos cada año.
A través de una acción popular presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, buscan tumbar los esquemas de seguridad a los concejales de la capital del país. De acuerdo con ese mecanismo, dichos esquemas para los 45 concejales de la ciudad, cuestan anualmente unos 8.000 millones de pesos
La acción interpuesta por Camilo Araque Blanco, busca revisar y modificar los contratos que asignan estas medidas de protección. La solicitud detalla que los esquemas de seguridad, en lugar de cumplir con su función principal de proteger a los concejales, estarían siendo utilizados para tareas no relacionadas con su propósito, como servicios de chofer y acompañamiento a actividades personales y eventos sociales de los políticos.
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De acuerdo con el documento, la desviación de funciones podría estar contribuyendo a un uso ineficaz de los recursos públicos. El accionante solicitó al tribunal que ordene a la Unidad Nacional de Protección (UNP), al Ministerio del Interior, a la Alcaldía Mayor de Bogotá, a la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá y al Concejo de Bogotá, que no renueven el convenio No. 240467 de 2024.
La petición se basa en que no se ha demostrado un riesgo extraordinario o extremo para cada concejal, como está estipulado en los Decretos 4065 de 2011, 1066 de 2015 y 1139 de 2021.
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La demanda argumentó que el costo de estos esquemas de seguridad podría ser mejor invertido en otras prioridades o necesidades sociales, subrayando la importancia de garantizar la moralidad administrativa y la protección del patrimonio público.
El accionante señaló que la acción popular no busca poner en riesgo a los concejales, sino asegurar que cualquier protección asignada cumpla con los requisitos legales y se ajuste a los principios de eficiencia y justicia. El objetivo es que se realice una revisión exhaustiva de la necesidad y el uso de estos esquemas, para evitar gastos innecesarios.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca actualmente está revisando la solicitud para determinar las medidas a tomar.
