Impuesto en Bogotá por espacio público
La Alcaldía de Bogotá confirmó que algunos ciudadanos tendrán que desembolsarse $80.000.
La Alcaldía de Bogotá anunció un nuevo cobro dirigido a los algunos ciudadanos por el uso del espacio público, medida que ha generado debate entre trabajadores y ciudadanos. Según el Instituto para la Economía Social (IPES), el objetivo es regular y optimizar el aprovechamiento económico de estas áreas, en cumplimiento del Decreto 315 de 2024.
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¿Quiénes deberán pagar el nuevo cobro?
La tarifa aplicará a los vendedores ambulantes que ocupen el espacio público en la capital. Wilfrido Grajales, director del IPES, explicó en un medio nacional que el monto a pagar dependerá del tipo de mobiliario utilizado y de si han accedido a las alternativas ofrecidas por la entidad. Sin embargo, aseguró que la tarifa no superará los 80.000 pesos.
La medida contempla excepciones y descuentos para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad. "No buscamos desalojar a los vendedores informales, sino establecer un orden que beneficie a toda la ciudadanía", afirmó Grajales.
Regulación del trabajo informal en Bogotá
El Decreto 315 de 2024 reconoce la venta informal como una actividad legal y establece un protocolo para su regulación. Según el IPES, este proceso permitirá organizar mejor el comercio en las calles y garantizar un uso más equitativo del espacio público.
Como parte de la regulación, los vendedores deberán tramitar permisos de trabajo en el espacio público, cuya vigencia será de uno o dos años, dependiendo de si usan mobiliario propio o proporcionado por la entidad. Estos permisos podrán renovarse hasta por cinco años, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.
Fundamentos legales de la medida
El IPES argumenta que esta iniciativa está respaldada por la Constitución, específicamente en los artículos 25, 26 y 82, que establecen:
- El derecho al trabajo como un deber social.
- La libertad de elección profesional.
- La prioridad del interés general en el uso del espacio público.
Con esta normativa, la Alcaldía busca equilibrar el derecho al trabajo con la preservación del entorno urbano, asegurando que el comercio informal esté regulado sin afectar a quienes dependen de él.
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Vendedores ambulantes están molestos con la medida
El nuevo cobro ha generado opiniones divididas. Mientras algunos ciudadanos consideran que contribuirá a organizar el comercio informal y mejorar la movilidad en espacios públicos, los vendedores ambulantes han expresado preocupación por el impacto que esto podría tener en sus ingresos.
Ante estas inquietudes, el IPES ha reiterado que los cobros serán proporcionales y que la entidad ofrecerá apoyo a quienes se vean más afectados por la medida.
El debate sigue abierto, y el éxito de esta estrategia dependerá de su implementación y del diálogo entre la administración y los trabajadores informales.
