Con una demanda buscan que los congresistas que sesionen virtualmente reciban un salario más bajo

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para su estudio una demanda que pide que los congresistas que sesionen de manera virtual reciban un salario más bajo y no perciban los gastos de representación y las primas, esto con el fin de proteger los derechos e intereses colectivos de todos los colombianos.

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El accionante considera que no se justifica pagar el salario completo a aquellos congresistas que sesionan desde la comodidad de sus casas y que han sido reacios a trasladarse a las instalaciones del Congreso de la República para participar en los debates.

En este sentido considera que teniendo en cuenta la crisis económica generada por la pandemia no es justificable que los congresistas sigan recibiendo estos honorarios y reconocimientos. En la misma se señala que los gastos de representación y primas solamente deben ser entregados a aquellos parlamentarios que asistan presencialmente a las respectivas sesiones.

Con el pago a los congresistas que siguen sesionando en plataformas como Zoom se estaría generando un daño a la moralidad administrativa.

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Pero la acción judicial va un poco un poco más allá y pide que se tome una medida retroactiva, esto con el fin que los senadores y representantes a la Cámara que recibieron los pagos anteriormente mencionados pese a trabajar desde sus casas devuelvan lo percibido.

Para esto le pidió al Congreso que emita un informe sobre los parlamentarios que recibieron estos pagos y no asistieron presencialmente a las sesiones para "(…) realizar la devolución desde el año 2020 y siguientes tanto durante el periodo de haberse anunciado la emergencia sanitaria por Covid, como fuera de ella, los gastos de representación, primas y el factor salarial para la liquidación de la prima de servicios y la prima de navidad y para ello otorgarles un plazo de dos (2) meses".

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El despacho del magistrado Oscar Armando Dimaté notificó a los presidentes del Senado, la Cámara de Representantes, la Presidencia de la Republica y la Dirección del Departamento Administrativo de a Función Pública para que emitan sus conceptos frente a las pretensiones de la demanda.