La Contraloría halló más de 1.429 brazaletes que no reportaban la ubicación de delincuentes.
Pese a que diferentes individuos fueron sorprendidos infringiendo la ley, la Contraloría ha venido investigando si existe alguna irregularidad en los contratos de brazaletes y dispositivos electrónicos que se adjudicaron en 2018.
El diario El Tiempo denunció que conoció información detallada de la Contraloría que expone las irregularidades que se vienen presentando con la mala utilización de los aparatos tecnológicos. "Todo comenzó el año pasado cuando la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), a través de la Operación de Bolsa Mercantil de Colombia, adjudicó un contrato por 16.830 millones de pesos", informó El Tiempo.
Dentro del contrato que citaba el acuerdo quedó establecido que la Unión Temporal Tecnología Avanzada debía proveer 5.300 brazaletes que tendrían un costo diario de 29.025 pesos.
El diario El Tiempo señaló que, para el mes de diciembre del año 2018, por lo menos 1.429 dispositivos que aparecían activos no mostraban la ubicación en tiempo real de los detenidos. Ante esta irregularidad el órgano fiscal realizó diferentes visitas y llamadas telefónicas a los presos que se encontraban bajo el dominio de los brazaletes electrónicos para verificar la eficiencia de los aparatos.
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Todas las llamadas fueron atendidas por los detenidos, quienes manifestaron que el dispositivo venía presentando fallas técnicas, como el recalentamiento y la falta de energía por lo que en ocasiones se encontraban fuera de funcionamiento.
Cabe destacar que, según información de El Tiempo, el software que el Inpec maneja para monitorear a los presos nunca presentó fallas con respecto a los brazaletes electrónicos. Así mismo, durante las visitas realizadas por la Contraloría y expuestas por el citado medio, se pudo evidenciar que 1.361 brazaletes continuaban dañados pese a que se habían pagado 25 millones por los aparatos tecnológicos que no enviaban ninguna señal.
Por otro lado, se pudo determinar que 138 dispositivos de vigilancia fueron suspendidos entre 91 y 115 días, lo que indica que en un periodo de cuatro meses los reclusos no tuvieron ningún tipo de vigilancia y control por parte del Inpec.
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Es importante resaltar que los ciudadanos que disfrutan de este beneficio tienen condenas por delitos como el homicidio, tráfico de estuperfacientes, hurto, porte de armas y demás delitos que afectan a la seguridad de la ciudadanía.
