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4 Abr 2022
09:34 AM
¡No hay derecho! Implicados en robarse nuestra platica demandaron al Estado por más de $208.000 millones
Entre los demandantes están varios exmagistrados implicados en el denominado ‘cartel de la Toga’.
La Nación enfrenta 18 procesos judiciales por multimillonarias demandas, que fueron instauradas por varios de los principales implicados en los escándalos de corrupción más sonados en el país.
En cada uno de los reportes obtenidos que se encuentran en poder de los investigadores y funcionarios de la Agencia Jurídica del Estado, se reveló que estas demandas tienen una pretensión económica que asciende a los 208.071 millones de pesos.
Cabe mencionar que con ese dinero unas 1.386 familias podrían tener una Vivienda de Interés Social (VIS) en Bogotá, teniendo en cuenta que el tope de estos inmuebles es de 150 millones de pesos.
En los documentos obtenidos en exclusiva por RCN Mundo, se destaca que entre los demandantes se encuentran varios protagonistas de casos como el escándalo de corrupción judicial del ‘cartel de la toga’; el ‘carrusel de contratos’; el ‘desfalco a saludcoop’; el ‘descalabro de Interbolsa’ y hasta reconocidos líderes políticos condenados por homicidio.
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El siguiente es el ranking de estas millonarias demandas contra la Nación, por parte de personas condenadas o que enfrentas procesos precisamente por casos de corrupción y desvío de recursos:
1. Desfalco de Interbolsa
El empresario Italiano, Alessandro Corridori, procesado como uno de los protagonistas del desfalco de la firma comisionista Interbolsa, presentó tres demandas contra el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras y la Superintendencia Financiera de Colombia, alegando una violación al debido proceso administrativo.
Las cerca de 1.700 víctimas del Interbolsa denunciaron impunidad en el caso, tras reiteradas dilaciones que llevaron a la prescripción del proceso.
Pretensión de la demanda: 146.292 millones de pesos.
2. Desvío de dinero de Saludcoop
El expresidente de Saludcoop, Carlos Gustavo Palacino, a quien la Fiscalía pidió condenar por la presunta apropiación de recursos de esa liquidada EPS que habrían ascendido a 398.000 millones de pesos, tiene cinco demandas activas contra la Superintendencia Nacional de Salud, la DIAN y la Contraloría General de la República por supuesta ilegalidad del acto administrativo de liquidación oficial de revisión impuesto de renta y complementarios, además de una supuesta vulneración en la sanción fiscal que le fue impuesta.
Pretensión en las demandas: 52.644 millones de pesos.
(Audio) Camilo Gómez, director de la Agencia Jurídica del Estado, sobre demandas contra el Estado.
3. El ‘carrusel de los contratos’
Los hermanos Miguel Eduardo y Manuel Francisco Nule Velilla, condenados en su momento a 19 años y cinco meses de prisión como protagonistas del ‘carrusel de los contratos’ en Bogotá, mantienen una demanda en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio por ilegalidad del acto administrativo, que originó una sanción fiscal en su contra.
Pretensión de la demanda: 7.327 millones de pesos.
4. El ‘cártel de la toga’
Por este escándalo, tres de sus principales protagonistas demandaron al Estado. Se trata del exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía Campo y los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia Francisco Javier Ricaurte y Gustavo Enrique Malo Fernández.
Juan Carlos Abadía Campo: Un fiscal delegado ante la Corte Suprema le imputará próximamente cargos por el delito de cohecho por dar u ofrecer por el escándalo del ‘cártel de la toga’. Tiene dos demandas en contra de la Procuraduría General por ilegalidad del acto administrativo que impone sanción disciplinaria, cuando en su momento se le sancionó y destituyó por participación política.
Pretensión de las demandas: 677 millones de pesos
Exmagistrado Francisco Javier Ricaurte: Fue condenado a 16 años y 6 meses de prisión como uno de los promotores de la red de corrupción del ‘cártel de la toga’. Instauró tres demandas contra la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dian, alegando que no se le reconoció el reajuste o nivelación del salarial y considera que se cometieron ilegalidades en su liquidación oficial de revisión del impuesto de renta.
Pretensiones de las demandas: 610 millones de pesos
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Exmagistrado Gustavo Malo Fernández: Condenado por la propia Corte Suprema a 9 años y 10 meses de prisión como otra de las piezas clave del ‘cártel de la toga’. Instauró tres demandas contra la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial por no reconocerle el reajuste o nivelación salarial y una violación al debido proceso administrativo.
Pretensiones de las demandas: 299 millones de pesos
5. Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar
Exgobernador de la Guajira condenado a 55 años de prisión por el crimen de la alcaldesa de Barrancas, Yandra Brito; su esposo, Henry Ustáriz y su conductor, Wilfredo Fonseca.
Interpuso una demanda contra la Procuraduría General que lo destituyó e inhabilitó por 17 años por hechos de contratación, alegando que presentó un recurso y no obtuvo respuesta y pidió declarar ilegal este acto administrativo.
Pretensión de la demanda: 219 millones de pesos.
Implicados en actos de corrupción demandan al Estado
En entrevista con RCN Mundo, el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez Álzate, dejó en claro que ese organismo no tiene intención de conciliar las demandas instauradas por varios de los implicados en hechos de corrupción en el país y que suman más de 208.000 millones de pesos.
“Conciliaciones en este caso no puede haber. Creo que la función del Estado es que no ganen los procesos, obviamente están las víctimas que tienen otra serie de casos distintos a los mencionados en el informe, que ahí sí se puede hacer una revisión de cómo está la situación de los casos de indemnizaciones”, manifestó Gómez Álzate.
También señaló que “incluso quienes han cometido actos de corrupción, como en el caso de todos los socios de la Ruta del Sol, después del laudo arbitral que le dio la razón al Estado, están en un proceso en el que el Estado inició contra ellos una acción de reparación directa, o el caso del edificio Aquarela en Cartagena”.
Fuente
Sistema Integrado de Información
