Superintendencia sorprende con drástico anuncio sobre peajes: Conductores salen beneficiados

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha puesto bajo la lupa a la aplicación Gopass, operada por la sociedad Pagos Automáticos de Colombia S.A.S., tras una lluvia de quejas por parte de usuarios que señalan irregularidades en la prestación del servicio.

Esta aplicación se define como un ecosistema de pago automático de bienes y servicios, y solo en Google Play tiene más de 100 mil descargas.

Entre los servicios que ofrece con la compra de su TAG tiene la posibilidad de realizar pagos digitales en parqueaderos y peajes en carretera, generar y almacenar tiquetes electrónicos, permitir métodos de pago electrónicos, entre otros.

Las denuncias van desde la falta de claridad en las tarifas hasta deficiencias en el manejo de quejas y procesos de reversión de pagos.

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En un comunicado oficial, la SIC anunció que el 28 de octubre de 2024 emitió el pliego de cargos contra la empresa, amparándose en la Resolución No. 65375 de 2024.

Según el ente regulador, las quejas apuntan a que la aplicación no estaría proporcionando información precisa y oportuna sobre los costos de membresías y el uso de su dispositivo electrónico vehicular (DIEV), pieza clave para facilitar el paso por peajes y otros servicios.

Motivos de la investigación

La Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor identificó tres posibles incumplimientos graves por parte de Gopass:

1. Los usuarios afirman que no reciben detalles claros sobre los costos asociados al servicio debido a información insuficiente sobre precios.

2. La empresa no cuenta con mecanismos efectivos para gestionar PQR ni para facilitar la reversión de pagos, lo que refleja deficiencias en la atención al cliente.

3. Gopass habría ignorado los requerimientos de información solicitados por la SIC, incumpliendo así con la verificación de la Ley de Protección al Consumidor.

Si se comprueban estas infracciones, la compañía podría enfrentar una multa de hasta 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo que equivaldría a más de $2.300 millones de pesos en cifras actuales.