Gobierno exige que se judicialice a los vándalos que incendiaron el ICETEX en el centro
El Gobierno Nacional rechazó los actos de vandalismo que se presentaron durante las más recientes manifestaciones estudiantiles que se llevaron a cabo en Bogotá.
La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo que es lamentable que una marcha pacífica de estudiantes haya terminado en disturbios y agregó que “llevaron a los vándalos a destruir y a tratar de incendiar la sede del Icetex”.
El Gobierno dijo que las autoridades deben seguir adelantando las investigaciones para sancionar severamente a los responsables de estos hechos.
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“Le pedimos a las autoridades que identifiquen, capturen, y judicialicen lo antes posible a los vándalos que atacaron e intentaron incendiar el Icetex en Bogotá”, señaló en un trino el Ministerio del Interior.
“Desde Mininterior rechazamos la acción de los vándalos. Los delincuentes tienen que saber que la acción de la @PolicíaColombia no va a parar. No toleraremos la violencia”, añade la entidad.
Las imágenes que dejaron las manifestaciones frente a la sede del Icetex por parte de un grupo de encapuchados, son impactantes, luego que gran parte de la fachada de la entidad resultara seriamente afectada, al igual que algunos equipos, sillas, computadores y otros elementos que terminaron completamente destruidos.
Los trabajadores se defendieron y trataron de obstaculizar el ingreso de los vándalos que procuraban entrar para quemar el edificio, pese a que había personal laborando en el lugar.
Cabe mencionar que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) logró contener estos desmanes después de varios minutos de manifestación y logró evitar que se incendiara la edificación.
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El Gobierno Nacional ha insistido en la necesidad de promover una ley estatutaria en el Congreso de la República para regular el derecho a la protesta social.
La propia ministra Gutiérrez informó que ya se está trabajando en la construcción de una iniciativa que sería radicada próximamente, la cual estaría encaminada a garantizar el derecho que tienen los ciudadanos a movilizarse, siempre y cuando lo hagan de forma pacífica.