La Rolita no se rinde: esto es lo que necesita la operadora para seguir rodando por Bogotá

La Rolita, la operadora de transporte público impulsada por la Alcaldía de Bogotá, enfrenta una situación legal compleja tras la anulación de su acto administrativo de creación en 2020.

Aunque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la autorización que permitía a la exalcaldesa Claudia López estableciera esta sociedad, el contrato de operación de La Rolita sigue vigente, permitiendo su funcionamiento actual en el sistema de transporte público de la ciudad.

Le puede interesar: TransMilenio toma radical decisión sobre futuro de vendedores ambulantes

Este sistema, con su flota 100% eléctrica, ha contribuido significativamente a reducir las emisiones de CO₂ en Bogotá, evitando hasta ahora 2,17 millones de toneladas de este gas.

Además, su política de contratación inclusiva prioriza la participación de mujeres en el sector del transporte, con 737 empleados de los cuales la mayoría son mujeres.

Ajustes legales para garantizar la operación de La Rolita

Para asegurar la continuidad de La Rolita, el Distrito presentará un proyecto ante el Concejo de Bogotá que buscará ratificar la autorización de TransMilenio S.A. como participante en la sociedad.

Con este acto administrativo el Distrito pretende cumplir con todos los requisitos legales y asegurar la estabilidad de la operadora en su rol dentro de la movilidad urbana de Bogotá.

La administración distrital ha expresado su compromiso de mantener en funcionamiento a La Rolita, ajustándose a los fallos judiciales que requieren regularizar los aspectos legales de su creación.

Lea también: TransMilenio estrena nueva estación: ciudadanos llegarán rápido al trabajo

Cabe recordar que en 2022, el Juzgado Sexto Administrativo también se pronunció en contra de la autorización inicial. Sin embargo, ambos fallos coinciden en no ordenar la disolución de la operadora, sino en exigir la ratificación legal necesaria para asegurar su operación continua.

La continuidad de La Rolita no solo dependerá de la aprobación del Concejo de Bogotá, sino también de la respuesta oportuna del Distrito para garantizar el respaldo legal que permita a este proyecto cumplir con sus objetivos de movilidad sostenible.