MARIHUANA
La Alcaldía de Bogotá alista un decreto sobre el tema.
Muchos se ha hablado en los últimos meses por el desbordado aumento de las cifras de consumo de drogas y alcohol en los espacio públicos en Bogotá.
La Alcaldía de Bogotá dio a conocer que en los próximos 15 días presentará el proyecto de decreto que tiene como fin buscar una solución al consumo de drogas y de bebidas alcohólicas en los más de 1.200 parques de la cuidad.
Según el Distrito, actualmente la Secretaría de Gobierno, la Secretaria de Salud, de Seguridad y de Integración Social trabajan en la elaboración del documento.
Por eso, el Secretario de Seguridad, Jairo García, señaló: “Estamos trabajando en el borrador del proyecto de la mano de la Policía Metropolitana de la ciudad. Esperamos divulgar el documento en dos semanas para que los ciudadanos hagan observaciones y comentarios".
La idea de la Administración de Enrique Peñalosa es prohibir en ciertos horarios el consumo de sustancias psicoactivas en los parques públicos en los que haya presencia frecuente de niños. La intención es crear un mecanismo de 'pico y placa', tal y como se planteó en el departamento de Antioquia.
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Sin embargo, otra de las estrategias que se estudia por parte de la Alcaldía sería permitir el consumo de sustancias y bebidas alcohólicas en el espacio público, pero solamente en algunas zonas de la ciudad que se definirían una vez esté listo el decreto.
Según datos revelados por el Registro Nacional de Medidas Correctivas Entretanto, por este tipo de comportamientos en Bogotá fueron impuestas más de 51.379 multas durante los primeros meses de 2019, frente a las 32.800 aplicadas en 2018.
La Corte Constitucional tumbó la norma del Código de Policía que prohibía el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en espacios públicos. De acuerdo al Tribunal, la conclusión es que existen otros medios por parte de las autoridades para garantizar la tranquilidad en el espacio público, que no necesariamente implican una violación al derecho del libre desarrollo de la personalidad.
En su fallo, el alto tribunal agregó: “El Estado tiene la obligación de alcanzar los fines imperiosos que las reglas legales analizadas buscaban, pero no puede hacerlo con una medida legislativa que, como la propuesta, sea una prohibición amplia y general, que sea irrazonable y desproporcionada”.
