Recibos están llegando por las nubes: revelan cómo reclamar por cobros excesivos

El inicio del 2025 ha traído consigo el aumento en las tarifas de servicios públicos, lo que ha generado inquietud en varios ciudadanos que enfrentan dificultades para asumir estos costos. En algunas regiones, el incremento ha sido más evidente, impactando directamente el bolsillo de los colombianos y complicando su estabilidad económica.

Muchos usuarios manifiestan desconcierto al observar montos elevados en sus facturas, a pesar de considerar que su consumo no ha aumentado. Esta situación los lleva a pagar sumas considerables para evitar problemas legales o la suspensión del servicio, lo que podría afectar su calidad de vida.

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¿Cómo identificar sobrecostos en las facturas de servicios públicos?

En el caso del agua potable, la Resolución 151 de 2001, emitida por la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico, establece parámetros claros para identificar posibles desviaciones significativas en los consumos. Esta normativa contempla porcentajes de variación considerados normales, dependiendo de circunstancias específicas que pueden influir en los incrementos.

Para los servicios de gas y energía, los cambios en las tarifas están sujetos a lo estipulado en el contrato firmado entre el usuario y la empresa prestadora. No obstante, la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG), mediante el concepto 459, establece que un incremento razonable para usuarios residenciales no debe superar el 100%, ya que valores superiores podrían ser considerados desproporcionados y poco probables bajo condiciones normales.

Así puede reclamar si le están cobrando de más

Si detectas un cobro elevado en tu factura, el artículo 149 de la Ley 142 de 1994 te permite presentar una reclamación dentro de los cinco meses posteriores al cobro. Este proceso se realiza mediante un derecho de petición, adjuntando facturas de periodos anteriores como evidencia y explicando por qué el consumo registrado no coincide con el real.

En la solicitud, puedes argumentar que no hubo un aumento en el número de habitantes en el inmueble, que el uso del servicio no ha cambiado o que no existen daños en los equipos de medición. La empresa prestadora del servicio tendrá un plazo de 15 días hábiles para responder mediante un acto administrativo fundamentado, indicando si acepta o rechaza la reducción solicitada.

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¿Qué hacer si le rechazan la reclamación? 

En caso de que la empresa no reconozca la reclamación, el usuario puede interponer recursos como el de reposición, dentro de un plazo de cinco días hábiles. Si este también es negado, el caso puede ser remitido a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, entidad encargada de realizar una revisión detallada y garantizar un cobro justo.

De acuerdo con el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, las empresas de servicios públicos están obligadas a asesorar a los usuarios durante todo el proceso de reclamación, incluyendo la interposición de recursos. Esto tiene como objetivo proteger los derechos de los ciudadanos y asegurar justicia ante posibles errores en la facturación.

La transparencia y la orientación en estos casos son esenciales para fortalecer la confianza de los usuarios y garantizar que se respeten sus derechos frente a posibles irregularidades en las tarifas.