Este producto violaría los derechos colectivos de los consumidores porque, entre otras, su costo es alto y no es reembolsable en pasajes.
El Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario radicó una acción popular contra Transmilenio, la Superintendencia de Industria y Comercio, el Ministerio de Transporte y la empresa que concesiona Transmilenio Recaudo Bogotá S.A.S, ya que la venta de las tarjetas Tu Llave, violarían los derechos colectivos de los consumidores por sus altos costos.
Según confirmaron los demandantes a través de un comunicado de prensa, la tarjeta Tu Llave afecta a los usuarios porque los 6.000 pesos de su valor más los 2.500 pesos del costo del pasaje, hacen que, quien necesite hacer uso del sistema en un simple viaje deba pagar 8.500 pesos.
En este sentido, los demandantes aseguran que la vulneración de los derechos se hace evidente. “Cuando se piensa que para una persona es imposible acceder al sistema si no ha adquirido el plástico de la tarjeta, que tiene un costo independiente no reembolsable con pasajes. Hay que entender este fenómeno llamado como en el derecho de consumo como “venta atada” , que presenta cuando un consumidor solo puede acceder a un bien o servicio si compra otro bien distinto”, aseguraron los demandantes.
“En realidad, esta no es una cuestión de precios, lo que nos importa es que se están violando nuestros derechos doblemente, nuestros derechos como consumidores y nuestros derechos de acceder al servicio público de transporte”, indica la profesora Yira López, una de las demandantes por parte del GAP de la Universidad del Rosario.
En ese sentido, proponen que los pasajes en Transmilenio en Bogotá podrían ser manejados como en Madrid, donde se compran boletos desechables para ingresar al metro, o como en Washington, en donde el valor de la tarjeta hace parte del saldo para viajes.
Finalmente, en este momento el proceso se encuentra a la espera de la citación a la Audiencia Especial de Pacto de Cumplimiento, donde eventualmente puede llegarse a un acuerdo de voluntades entre las partes.
“Por ser una acción popular cualquier persona puede entrar y participar en ella con la presentación de una coadyuvancia que respalde a los demandantes en esta iniciativa. Se trata de una invitación que precisamente extiende el GAP, pues los derechos afectados nos pertenecen a todos y todos podemos defenderlos”, explica López.
Fuente
Sistema Integrado Digital
