Render metro de Bogotá en uno de los sectores de la capital.
La decisión ratifica el fallo de primera instancia.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó, en segunda instancia, la decisión del Juzgado 16 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, que rechazó, el pasado mes de julio pasado, las pretensiones del concejal Hollman Morris, de buscar la caducidad de las vigencias futuras.
El candidato a la Alcaldía de Bogotá aducía un incumplimiento, por parte del Distrito, en la ejecución de las vigencias futuras que fueron presentadas ante el Concejo de la cuidad.
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El Tribunal señala que, respondiendo al recurso de apelación, que había interpuesto Morris, confirmó la decisión de la jueza 16, reiterando que “en este caso las accionadas dieron cabal cumplimiento a los presupuestos normativos concernientes a la apropiación y ejecución de las vigencias futuras del mentado proyecto del metro de Bogotá”.
Por eso, explicó el Tribunal en su fallo, que “no es del caso acceder a impartir la orden de cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 2.9.1.7.14.10 del Decreto 1068 de 2015”.
Con la anterior decisión, asegura el Distrito, la justicia puso punto final a la controversia legal sobre la adecuada ejecución de las vigencias futuras, aprobadas por el Concejo de Bogotá, a través del Acuerdo Distrital 691 de 2017, con destino al proyecto de la Primera Línea del Metro de Bogotá.
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En un primer fallo, el despacho de la jueza 16 (primera instancia) aseguró que “el Distrito cumplió cada uno de los requisitos exigidos por el artículo 2° de la Ley 310 de 1996 para la cofinanciación y ejecución de los recursos para el proyecto del Sistema de Transporte Público Metro, así como también (...) efectuó las exigencias de la Ley 819 de 2003, a través del convenio de cofinanciación suscrito entre la Nación, el Distrito y la Empresa Metro de Bogotá”.
Hay que señalar que, según el concejal Hollman Morris, el presupuesto equivalente a un billón de pesos, no fue ejecutado como lo exige la ley, dentro de la vigencia en la que fue aprobado, es decir en el 2017, puesto que la Administración Distrital no suscribió ningún tipo de contrato para la construcción del metro elevado y que por lo tanto "está desfinanciado".
