DIAN anuncia inspección masiva a comerciantes: podrían cerrar su negocio si no cuenta con esta norma
En un esfuerzo por fortalecer el control fiscal y garantizar el cumplimiento de la ley de la factura electrónica, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) llevará a cabo inspecciones a más de 16,000 comercios en Colombia durante el año 2025.
Esta iniciativa se enmarca dentro de las estrategias de la entidad para combatir la evasión fiscal y promover una cultura de transparencia en las transacciones comerciales.
La primera jornada de inspección se realizó el 24 de enero, enfocándose principalmente en establecimientos relacionados con la venta de útiles escolares y productos para el inicio del año académico.
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¿Por qué la DIAN implementa estas inspecciones al comercio?
A pesar de que la factura electrónica es obligatoria desde 2020, muchas empresas aún no cumplen con esta normativa.
En un análisis reciente de la DIAN, se identificó que aproximadamente el 12 % de los comercios visitados no emitían facturas electrónicas o lo hacían sin cumplir con los requisitos establecidos.
Este incumplimiento no solo afecta al Estado, sino también a los consumidores, quienes tienen derecho a recibir un comprobante que respalde sus compras y garantice la legalidad de las transacciones.
La DIAN ha indicado que durante estas visitas no solo se verificará el cumplimiento de la facturación electrónica, sino que también se ofrecerá orientación a los comerciantes sobre cómo implementar correctamente este sistema.
Los funcionarios estarán capacitados para resolver dudas y ayudar a los negocios a adaptarse a esta obligación tributaria. Además, se llevarán a cabo acciones complementarias dirigidas a contribuyentes morosos, buscando recuperar una cartera significativa que asciende a $1.2 billones.
¿Qué consecuencias enfrentarán los comercios que no cumplan con la factura electrónica?
Los comercios que no cumplan con la normativa de la factura electrónica en Colombia enfrentarán diversas consecuencias legales y económicas. Estas sanciones están diseñadas para fomentar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y combatir la evasión fiscal en el país.
- Sanciones económicas: la principal consecuencia por no emitir facturas electrónicas es la imposición de multas. Si un comercio no factura electrónicamente o lo hace incorrectamente, puede ser sancionado con una multa equivalente al 1 % del valor de las operaciones facturadas, sin que esta exceda 950 UVT (Unidades de Valor Tributario).
Para 2025, esto podría traducirse en una multa máxima de aproximadamente $34.492.60012. Además, si no se suministran los datos requeridos por la DIAN para habilitarse como facturador electrónico, la multa puede ascender a 15.000 UVT, es decir, cerca de $544.620.0001.
- Sanciones administrativas: también hay sanciones administrativas que pueden afectar gravemente el funcionamiento del negocio. Entre ellas se incluye el cierre temporal del establecimiento por un término de tres días si se reincide en el incumplimiento.
La DIAN también puede suspender o cancelar el Registro Único Tributario (RUT) del comercio, lo que imposibilitaría realizar transacciones comerciales con otras empresas o entidades públicas.
- Cierre del establecimiento: en casos más severos, si un comercio no cumple con la obligación de expedir facturas electrónicas, puede enfrentarse al cierre definitivo de su establecimiento. Esta medida está respaldada por el Decreto Ley 624 de 1989, que establece que quienes no expidan facturas pueden ser objeto de clausura.
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Además de las sanciones legales y económicas, el incumplimiento con la normativa de facturación electrónica puede dañar gravemente la reputación del comercio.
Un cierre temporal o definitivo envía un mensaje negativo a clientes y proveedores, afectando la confianza en el negocio y su capacidad para operar en el mercado.
Las inspecciones son parte de un esfuerzo más amplio por parte de la DIAN para mejorar el recaudo fiscal en un contexto donde las finanzas del Estado se ven afectadas por la caída en los ingresos tributarios.
La entidad ha enfatizado que la masificación de la factura electrónica es crucial para simplificar procesos y asegurar que los impuestos recaudados sean utilizados en programas sociales que beneficien a toda la población.