TransMilenio no aguanta más y advierte de la costosa multa por vender y comprar pasajes piratas

En la ajetreada Bogotá, donde el tráfico y la movilidad son temas de preocupación diaria, los sistemas de transporte público TransMilenio y SITP juegan un papel crucial. Movilizan aproximadamente a cuatro millones de ciudadanos al día, brindando una alternativa rápida y accesible para quienes buscan desplazarse por la ciudad. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por mejorar la experiencia de viaje, uno de los mayores problemas que enfrenta el sistema es la evasión del pago del pasaje y la venta ilegal de pasajes, prácticas que generan un impacto negativo tanto en la operación como en la sostenibilidad financiera del sistema.

Aunque la evasión del pago sigue siendo un problema latente, con más de 612.800 personas colándose diariamente según los reportes, otra actividad ilegal también está cobrando fuerza: la venta de pasajes a precios reducidos. Estos pasajes se venden utilizando tarjetas adquiridas irregularmente, que a menudo pertenecen a ciudadanos con subsidios y tarifas diferenciales asignadas según su puntaje en el Sisbén. Esto no solo afecta las finanzas del sistema, sino que también debilita el propósito de estos beneficios sociales.

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Pérdidas millonarias para el sistema de transporte

El impacto financiero de estas prácticas es devastador. Según el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, la evasión del pago en TransMilenio genera pérdidas de más de 400.000 millones de pesos al año. Estas pérdidas impiden que el sistema opere con eficiencia y retrasan inversiones clave para mejorar la infraestructura y ampliar el servicio. Las consecuencias de esta realidad afectan a todos los usuarios, ya que el desvío de recursos compromete la calidad del transporte público, generando un ciclo de deterioro que es difícil de revertir.

Operativos y sanciones: la respuesta de las autoridades

Ante esta problemática, TransMilenio, en colaboración con la Policía Metropolitana de Bogotá, ha intensificado los operativos para frenar la venta ilegal de pasajes. En los últimos meses, se han llevado a cabo diversas redadas en puntos estratégicos del sistema, lo que ha resultado en la incautación de 5.800 tarjetas adquiridas de manera irregular. Estas tarjetas, en su mayoría, pertenecen a ciudadanos beneficiados por tarifas subsidiadas, lo que agrava la situación, ya que estos recursos deberían estar dirigidos a los sectores más vulnerables.

En diálogo con un reconocido medio de comunicación, el coronel Pascual Gonzáles, de la Policía Metropolitana, expresó su preocupación por la gravedad del asunto: "Este es un comportamiento contrario a la convivencia, pero también defrauda el sistema. Lo cual no permite prestar un mejor servicio y mejorar la infraestructura". Su declaración refleja el enorme desafío que enfrentan las autoridades para garantizar un transporte público eficiente y accesible para todos.

Los ciudadanos sorprendidos vendiendo pasajes ilegalmente se enfrentan a multas tipo 4, que equivalen a $693.333. Además, las sanciones por el uso indebido de las tarjetas con tarifas diferenciales agravan las consecuencias económicas para quienes participan en estas actividades ilegales.

El dilema de la economía informal

Detrás de la venta ilegal de pasajes se esconde una realidad económica compleja. Muchos vendedores informales se ven obligados a recurrir a esta actividad debido a la falta de empleo o ingresos suficientes. En un contexto donde cada peso cuenta, tanto vendedores como compradores buscan ahorrar dinero, aunque esto signifique exponerse a sanciones severas. Lo que en principio parece una manera de "ahorrarse unos pesos" puede terminar siendo una carga financiera considerable para quienes son sorprendidos en los operativos.

Sin embargo, esta práctica no solo afecta a quienes participan directamente en ella, sino también a millones de usuarios del sistema. La evasión y la reventa de pasajes reducen los ingresos de TransMilenio, impidiendo que se realicen las inversiones necesarias para mejorar la infraestructura, ampliar rutas y mantener un servicio de calidad. De esta manera, todos los ciudadanos sufren las consecuencias de estas acciones. Aunque las autoridades han intensificado sus operativos, la solución a largo plazo requerirá un cambio de conciencia en la ciudadanía, mayor vigilancia y, posiblemente, una revisión de los mecanismos de asignación de subsidios.

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En definitiva, lo que parece un pequeño ahorro para algunos puede convertirse en una multa millonaria para otros, afectando no solo sus finanzas personales, sino el bienestar de todos los usuarios del transporte público de Bogotá.