Alerta Bogotá conoció que la Contraloría de Bogotá abrió una indagación preliminar a la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), Luz Armando Camacho, debido a un contrato de mil 723 millones de pesos que suscribió con Aguas de Bogotá el pasado 11 de mayo, para la recolección de residuos en la ciudad.
De acuerdo con esa entidad, se estaría presentando un presunto detrimento patrimonial al poner en riesgo la capital del país frente a una emergencia sanitaria, por lo que se realizaron visitas especiales a la Uaesp y se solicitó específicamente ese contrato celebrado entre esa entidad y Aguas de Bogotá.
La Contraloría Distrital también consideró que ese contrato con Aguas de Bogotá generó “un riesgo en la operación de residuos y pone en peligro la salud, generando una emergencia sanitaria para los bogotanos”.
Uno de los apartes del documento de la Contraloría de Bogotá destaca "la existencia de presuntos hechos irregulares, con fundamento en las diferentes denuncias realizadas en los medios de comunicación, sobre la operación del relleno Sanitario Doña Juana y la posibilidad de ocurrencia de una emergencia sanitaria, de acuerdo a lo explicado en los antecedentes de la presente providencia, específicamente en lo relacionado son el contrato suscrito con la Empresa Aguas de Bogotá”.
Esa entidad también precisó que “en el presente asunto, los presuntos hechos irregulares han sido sucesivos y sus consecuencias se presentan en el presente año, por tanto, el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción fiscal no se presenta por el momento, porque no ha transcurrido ni un año desde su ocurrencia”.
Según la Uaesp, recibe con satisfacción este anuncio por parte del órgano de control y celebra su acompañamiento y vigilancia a los procesos adelantados respecto al tratamiento de los llamados residuos mixtos.
“Consciente de la importancia del correcto tratamiento de los residuos mixtos y de la operación del Relleno Sanitario Doña Juana, ya había advertido este año a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación sobre las presuntas irregularidades que se habrían producido en el pago por el tratamiento de estos residuos al operador CGR”.
“Dichos pagos, realizados en anteriores administraciones al operador CGR, fueron adelantados sin ningún tipo de contrato que validara esta actividad, por ello, la UAESP espera que estas actuaciones sean de igual manera objeto de investigación por parte de la Contraloría de Bogotá”.