¡Atención! Personsería denuncia que la Secretaría de Movilidad se estaría excediendo con las multas
La Personería de Bogotá denunció que la Secretaría de Movilidad impuso de forma irregular más de 250.000 comparendos electrónicos, que suman unos $110.000 millones, valiéndose de una errónea interpretación de las normas.
La entidad determinó que la Secretaría de Movilidad utilizó en el último año, dispositivos electrónicos fijos (cámaras que se encuentran en las vías) sin la autorización del Ministerio de Transporte para imponer comparendos, durante el periodo comprendido entre el 22 de septiembre y el 10 de diciembre de 2018.
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Según la Personería, desde hace un año operan 600 dispositivos electrónicos móviles, destinados para el apoyo del “control en vía” como si fueran dispositivos fijos de detección electrónica, es decir, utilizándolos para imponer comparendos en procedimientos de calle, cuando dichos equipos deberían ser utilizados para fines disuasivos, pedagógicos, de análisis de tráfico o recolección de evidencia.
La personera Carmen Teresa Castañeda estableció que la autoridad de tránsito impuso foto-comparendos (con dispositivo móvil y notificación por correo físico), pese que el conductor estaba presente al momento de la comisión de la infracción, en lugar de realizar el procedimiento de forma manual, garantizando el derecho del infractor a conocer la sanción de manera personal.
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"Se encontró un aumento promedio del 446% en la imposición de comparendos a partir de noviembre de 2018, empleando dispositivos móviles. A manera de ejemplo, en promedio, más del 70% de las infracciones correspondientes al código C02 (alrededor de 135 mil comparendos al año) se imponen a través de dispositivos de ayuda técnica, mientras que sólo el 30% restante se realiza de forma manual", precisó la funcionaria.
Agregó que "revisando el proceso de notificación de los fotocomparendos se encontró que el 54%, es decir, más de 90.000 comunicaciones enviadas en 2018, no fueron entregadas de forma efectiva, generando que los presuntos infractores no pudieran acceder a los descuentos por pronto pago y la realización del curso pedagógico. Tampoco pudieron ejercer de manera oportuna el derecho de contradicción o, por lo menos, pagar la sanción sin intereses".