Comerciantes deberán ajustarse a estricta medida a partir de noviembre, evitarían fuerte sanción

A partir del 1 de noviembre de 2024, la facturación electrónica será un requisito obligatorio para todos los comerciantes en Colombia, de acuerdo con el artículo 1 de la Resolución 000008 de 2024.

Este artículo establece el calendario de implementación para el documento equivalente electrónico, que incluye las fechas límite para expedir las facturas electrónicas de servicios públicos, tiquetes de transporte, extractos bancarios y boletas para eventos y cine.

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Objetivos de la medida

Esta medida, impulsada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), tiene como objetivo mejorar la transparencia fiscal y modernizar el sistema tributario del país. Sin embargo, la entidad ha identificado que aún existen negocios que no han cumplido con este requisito, lo que ha generado preocupación en el sector comercial.

La DIAN ha intensificado sus esfuerzos para asegurar el cumplimiento de esta norma mediante la estrategia “Al día con la DIAN, le cumplo al país”.

Desde enero hasta septiembre de 2024, la DIAN realizó 86.234 visitas a comercios, enfocándose especialmente en aquellos que no estaban emitiendo facturas electrónicas de manera regular.

Se constató que aproximadamente el 18% de estos negocios no facturaba todas sus ventas, lo que pone de manifiesto la necesidad de un control más riguroso.

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Estrategias de la DIAN para educar

Para fomentar el cumplimiento de la nueva normativa, la DIAN también implementará jornadas pedagógicas dirigidas a educar a los consumidores sobre cómo identificar una factura electrónica y la importancia de exigirla.

Cecilia Rico, directora de Gestión de Impuestos de la DIAN, explicó que según las entrevistan que han desarrollado, al 35% de los compradores les entregaron soportes diferentes a facturas electrónicas o documentos equivalentes electrónicos.

"Es fundamental recordar a los responsables de facturar que la factura siempre debe expedirse de forma electrónica, sin preguntar al comprador si la necesita o no; solo deben solicitar nombre o razón social, número de cédula y correo electrónico", enfatizó la directora.

Es importante destacar que no cumplir con la normativa del POS electrónico puede acarrear graves repercusiones, incluyendo multas de hasta 44 millones de pesos (aproximadamente 950 UVT) y el cierre temporal del negocio por un máximo de tres días en situaciones particulares.

La DIAN no solo busca garantizar el cumplimiento de esta norma para evitar sanciones y promover un acercamiento con los ciudadanos y fomentar su papel como fiscalizadores de la obligación de facturar electrónicamente.