Hacen fuerte denuncia con cámaras de fotomultas en Bogotá que afectaría a muchos
El concejal de Bogotá, Andrés Barrios, denunció que existe un aumento en el número de cámaras de videovigilancia dañadas en la ciudad.
Según Barrios, de las 5.828 cámaras pertenecientes a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, 1.855 se encuentran fuera de servicio en la actualidad.
El concejal reveló que, entre enero y junio de este año, se ha registrado un incremento del 25% al 32% en el número de cámaras dañadas.
En enero, se reportaron 1.464 cámaras fuera de funcionamiento. Esta situación es especialmente preocupante en localidades como San Cristóbal y Santafé, donde solo el 40% de las cámaras están en servicio.
Barrios ha manifestado su preocupación por el panorama de inseguridad en la ciudad y ha señalado que la Administración de Carlos Fernando Galán recibió una ciudad en la que el 25% de las cámaras de videovigilancia no funcionaban. Sin embargo, seis meses después, este porcentaje ha aumentado al 32%.
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El concejal señaló que las fallas en las cámaras están relacionadas con problemas de energización, conectividad, obras civiles, mantenimiento y vandalismo. En San Cristóbal, de las 348 cámaras instaladas, 208 no están en funcionamiento. En Santafé, de las 304 cámaras, 182 están fuera de servicio.
Barrios ha insistido en que el Distrito debe asumir una responsabilidad y reparar las cámaras para asegurar un monitoreo en tiempo real de las calles desde el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo - C4. "Esta información se ha obtenido a través de un análisis mensual del estado de las cámaras", dijo.
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El concejal también resaltó la falta de claridad en cuanto a las fechas en las que se espera que al menos el 75% del sistema de videovigilancia esté funcionando correctamente. Por el momento, el Distrito solo ha informado que esto ocurrirá a finales de este año.
Barrios concluyó que se debe realizar un mantenimiento periódico de las cámaras de videovigilancia, ya que estas juegan un papel fundamental en las labores de judicialización. Por tanto, ha exigido el cumplimiento de lo acordado en el Plan Distrital de Desarrollo.