“La letra con sangre entra”. Así lo decían los adultos mayores hace algunas décadas, frente a los castigos y reprehensiones que se cometían en contra de los menores de edad como parte del modelo de educación. En Colombia, según datos de Alianza por la Niñez, el 52 % de los niños y niñas reciben castigo físico, y de estos el 51.6% lo reciben mediante golpes.
Al respecto, en la Cámara de Representantes hace trámite un proyecto de ley que llama a abolir totalmente este tipo de prácticas dentro de los padres de familia. La iniciativa es llamada ‘Ley antichancleta’, una propuesta promovida por el Partido Liberal.
Julián Peinado, representante liberal de Antioquia, autor del proyecto, explicó que su intención es hacerle entender al país que “ni la letra ni los valores entran con sangre”. Según él, debe estar garantizado el buen trato a los menores de edad.
“No hay derecho a lo que muchos padres llaman una ‘pela’, a un pellizco o a un jalón de pelo porque los niños, niñas y adolescentes de este país también tienen dignidad”, sostuvo.
Dentro de la argumentación del proyecto, fueron incluidos varios estudios en más de 60 países donde se ha demostrado que el maltrato físico hace daño socioemocionalmente a los menores. Por el contrario, según Peinado, no hay estudios que demuestren que un castigo físico efectivamente ayude a la crianza de los niños.
“Este proyecto de ley, netamente pedagógico, pretende crear herramientas para que el Estado le entregue a los padres mecanismos y formas correctas de educar y levantar a los hijos”, sostuvo.
El jueves, en la Cámara de Representantes, luego de haber sido votada en contra la propuesta de archivo del proyecto, se creó una subcomisión para perfeccionar los criterios de la llamada ‘Ley antichancleta’.
Y es que en contra del proyecto se mostró el representante a la Cámara, Carlos Eduardo Acosta, de Colombia Justa Libres, movimiento político asociado a una comunidad religiosa. De acuerdo al legislador, por ley se pretende estandarizar la crianza, una idea que no tuvo acogida entre los congresistas.
La próxima semana en plenaria de la Cámara de sabrá la realidad del proyecto de ley que está en segundo de cuatro debates.