El Gobierno, encabezado por el presidente Gustavo Petro, en conmemoración de los 30 años de la ley de servicios públicos, ha presentado una propuesta que ha despertado gran interés. Esta iniciativa plantea una reforma para modificar y regular la forma en que los usuarios pagan los servicios públicos en el país.

El cambio más significativo sería que el internet se convierta en un servicio público domiciliario, lo que implicaría su vigilancia por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos (Superservicios), como ya ocurre con otros servicios. Según reportó El Tiempo, la Superintendencia de Industria y Comercio dejaría de supervisar el servicio de internet si esta reforma es aprobada.

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Dagoberto Quiroga, superintendente de Servicios Públicos, declaró a este medio que la propuesta “se presentará y en el debate del proyecto de ley se puede mejorar o complementar. Si el legislativo considera que no es conveniente, no se aprobará”.

A pesar de los avances en diversos sectores, persisten deficiencias en la prestación y vigilancia de los servicios, especialmente en áreas donde el sector privado no encuentra rentabilidad. Esto evidencia la necesidad de una transformación estructural para garantizar que todas las poblaciones tengan derecho y acceso a los servicios públicos.

Las propuestas para reformar la Ley de Servicios Públicos apuntan a un cambio de paradigma en el ordenamiento territorial. Se plantea la necesidad de reestructurar las ciudades y comunidades en torno al agua como recurso vital, priorizando su protección y gestión sostenible. Esto supone un alejamiento del modelo actual, centrado en la expansión urbana desmedida, y un enfoque en la armonía entre el desarrollo humano y la preservación ambiental.

La reforma a los servicios fortalecería el acceso en el país

Otro aspecto fundamental de la reforma es el fortalecimiento de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Actualmente, su presencia se limita a siete ciudades capitales, lo que genera un vacío en la vigilancia y control de la prestación de servicios en gran parte del territorio nacional. Ampliar la cobertura de la Superintendencia permitiría una mayor efectividad en la regulación y protección de los derechos de los usuarios.

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Asimismo, se propone fomentar la participación activa de las comunidades en la autogestión de los servicios públicos. Esta iniciativa busca empoderar a los ciudadanos, permitiéndoles ejercer un mayor control sobre la prestación y calidad de los servicios que reciben, al tiempo que promueve la corresponsabilidad en la gestión de estos recursos esenciales.