Quienes residen en conjuntos residenciales experimentarán un cambio significativo destinado a mejorar las normas de convivencia en las áreas comunes. Las leyes vigentes sobre propiedad horizontal en el país tienen más de 20 años, y en el Congreso de la República se ha propuesto su actualización.

Según el portal especializado Metrocuadrado, uno de los lineamientos que pretende regular esta nueva norma es el control de los negocios dentro de los conjuntos residenciales. El portal destaca que estas iniciativas empresariales "deben tener límites en el bien común. Por tanto, deben ser beneficiosas para la comunidad y promover actividades económicas legales".

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Además, la regulación de estos espacios implicaría la creación de multas más rigurosas para los residentes que incumplan las normas de convivencia, con el fin de asegurar su cumplimiento.

Las normas vigentes, establecidas en la Ley 675 de 2001, han sido la base fundamental para la administración y organización de estos espacios compartidos. Sin embargo, el paso del tiempo y las nuevas dinámicas sociales han hecho necesaria una revisión y actualización de los preceptos legales.

En este contexto, se han propuesto modificaciones a la ley que buscan abordar aspectos relevantes como la gestión eficiente de los recursos comunes, la resolución de conflictos de manera oportuna y eficaz, la implementación de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas por parte de la administración, y la incorporación de nuevas tecnologías para mejorar la comunicación y la seguridad dentro de las comunidades.

¿Por qué son importantes estas normas?

Las leyes de propiedad horizontal son fundamentales para la convivencia pacífica y el desarrollo armonioso de los conjuntos residenciales y edificios en el país. Estas normas establecen un marco legal claro que define los derechos y obligaciones de los copropietarios, permitiendo una gestión adecuada de las áreas comunes y evitando conflictos entre los habitantes.

Por ello, cada propiedad horizontal debe contar con la asamblea de copropietarios y el consejo de administración. La asamblea, como máximo órgano de decisión, permite a los copropietarios participar activamente en la toma de decisiones sobre asuntos relevantes como el presupuesto, las obras de mantenimiento, las normas de convivencia y la elección del administrador.

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El consejo de administración, por su parte, se encarga de ejecutar las decisiones tomadas por la asamblea y de la gestión diaria del conjunto o edificio. Este órgano, conformado por copropietarios elegidos democráticamente, tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las normas, la administración eficiente de los recursos comunes y el bienestar de los residentes.