Ponen en cintura a inquilinos morosos: Jugadita común les saldrá muy cara

En Colombia, el 40.3% de los ciudadanos vive en arriendo, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Dentro de este panorama, una de las problemáticas más comunes entre arrendadores e inquilinos es el pago de los servicios públicos, ya que en muchas ocasiones los inquilinos desocupan los inmuebles sin cubrir los recibos pendientes, e incluso dejan las propiedades en mal estado.

Para prevenir este tipo de situaciones, es habitual que los arrendadores soliciten un depósito de dinero antes de firmar el contrato de arrendamiento, con el objetivo de cubrir posibles incumplimientos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cobrar este tipo de depósitos es ilegal en Colombia.

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Ante este escenario, la abogada Katerin Guerrero, especialista en Derecho Inmobiliario, explicó que la Ley 820 de 2003 protege a los arrendadores frente a los inquilinos morosos que dejan de pagar los servicios o abandonan la propiedad en malas condiciones.

La Ley 820 de 2003: Protección para los arrendadores

Guerrero señala que la Ley 820 de 2003, junto con el Código Civil, establece que los contratos de arrendamiento tienen mérito ejecutivo, lo que permite a los arrendadores cobrar las sumas de dinero pendientes si el inquilino incumple con sus obligaciones. Esto significa que, en caso de que el arrendatario deje de pagar los servicios públicos, el arrendador puede exigir no solo el pago de estos, sino también una cláusula penal establecida en el contrato, lo que podría traducirse en una multa considerable.

¿Qué implica el "mérito ejecutivo"?

El término "mérito ejecutivo" se refiere a la capacidad de un contrato de establecer una obligación clara y exigible a favor de una de las partes. En el contexto de un contrato de arrendamiento, esto significa que el arrendador tiene el derecho legal de reclamar el cumplimiento de las obligaciones del inquilino, como el pago de servicios públicos y cualquier reparación necesaria por los daños causados a la propiedad.

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Multas para los inquilinos morosos

En muchos casos, los servicios públicos pendientes que los inquilinos dejan a su salida pueden ser mucho mayores que cualquier depósito solicitado previamente. Por ello, la aplicación de la cláusula penal es vista como una medida más efectiva para garantizar que los arrendadores no se vean afectados económicamente por los incumplimientos de los inquilinos. Esta ley busca equilibrar la relación entre arrendadores y arrendatarios, brindando mayor seguridad jurídica a los propietarios.

Con esta regulación, el Gobierno refuerza el marco legal para evitar abusos por parte de inquilinos morosos, quienes ahora podrían enfrentar costosas multas si no cumplen con sus obligaciones contractuales. Esto no solo ofrece un alivio a los arrendadores, sino que también fortalece la transparencia en los contratos de arrendamiento en el país.