Rey respalda a Petro en sus lineamientos: municipios tendrán que hacer caso

El debate sobre el futuro ambiental de la Sabana de Bogotá sigue subiendo de tono. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechaza la nueva resolución del Ministerio de Ambiente que buscaría proteger ecosistemas y regular la expansión urbana.

Considera que es una imposición que frena el desarrollo de la ciudad. Por otro lado, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, ha tomado otra postura, ya que respaldó los lineamientos del gobierno de Gustavo Petro y dejó claro que los municipios deberán cumplir la normativa.

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La respuesta del gobernador de Cundinamarca

Rey a través de un comunicado, destacó la importancia de mejorar la planificación y garantizar un crecimiento sostenible en la Sabana de Bogotá. Sin embargo, señaló que el mecanismo propuesto por la resolución genera incertidumbre y necesita ajustes.

Reconoció que el desarrollo urbanístico en la región no ha cumplido del todo con principios de adecuada planeación ambiental. Aunque advirtió que la propuesta del Ministerio podría frenar actividades productivas.

También podría retrasar obras viales fundamentales, como el Regiotram, clave para la movilidad entre Bogotá y Cundinamarca. Además, dificultaría proyectos de transporte masivo y la expansión de infraestructura de servicios públicos.

Así mismo, reconoció la poca relevancia que tienen los municipios en estas decisiones a nivel nacional establecidas por el Ministerio de Ambiente.

"Actualmente, los lineamientos son tan universales y restrictivos que los municipios no podrían más que adoptarlos, sin ningún margen de autodeterminación", afirmó.

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Puntos clave de la postura del gobernador

El gobernador coincidió en la necesidad de preservar los ecosistemas de la Sabana de Bogotá y proteger las fuentes de agua. Aunque, planteó preocupaciones sobre el crecimiento demográfico y la falta de previsión en la resolución sobre la ubicación de futuras viviendas.

Según cifras del DANE, Cundinamarca acogería 2.3 millones de habitantes más para 2050, un aspecto que, según Rey, no está contemplado en la normativa.

Para corregir estas fallas, propuso lo siguiente:

1. Ampliar el plazo de presentación de observaciones, dado que cinco días son insuficientes para analizar una resolución que tomó un año en elaborarse.

2. Constituir una mesa de diálogo con participación de la sociedad civil y las instituciones, con el fin de diseñar un modelo de ocupación viable y sostenible.

3. Incluir a los municipios en la construcción de observaciones a la resolución, asegurando su participación activa en el proceso.

4. Definir con claridad las competencias de las autoridades ambientales, evitando retrasos en aprobaciones de proyectos estratégicos y garantizando la autodeterminación de los municipios.

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Rey enfatizó que la discusión sobre el ordenamiento territorial es necesaria y debe ser abordada en profundidad, e invitó al Ministerio de Ambiente a construir una visión conjunta, donde se equilibre la conservación del medio ambiente con el desarrollo de infraestructura y actividades productivas en la región.

El debate sigue abierto, y los municipios deberán esperar cómo se desarrollan las negociaciones en torno a esta polémica resolución.